El Ministerio de Educación ha aprobado hasta en dos ocasiones en Consejo de Ministros este texto, que ha sido criticado por la oposición. La primera vez fue en febrero de 2019 y la ley no llegó a debatirse en el Congreso porque las Cortes se disolvieron unas semanas más tarde, por la convocatoria de elecciones del 28 de abril de ese año. La segunda, el pasado mes de marzo, días antes de que el país entrara en estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

Desde 2019, partidos como PP y Ciudadanos se han mostrado muy críticos con el texto, principalmente por los artículos que se refieren a la educación concertada. En concreto, denuncian que la ministra Isabel Celaá elimina el criterio de "demanda social" para este tipo de educación lo que, a su juicio, no cumple con el derecho de libertad de elección que se recoge en el artículo 27 de la Constitución.

Este es uno de los principales argumentos de los naranjas para reclamar ahora la devolución de la ley al Gobierno. En el texto registrado en el Congreso, recogido por Euopa Press, Ciudadanos señala que contraponer la existencia de centros privados concertados con la de los públicos supone "generar una falsa dicotomía en la medida en que la existencia de ambos tipos de centro es lo que garantiza la efectividad de los dispuesto" en la Carta Magna.

UNA LEY DEBATIDA Y CONSENSUADA

A su juicio, la decisión de quitar el criterio de "demanda social" de la norma "sólo puede ser entendido como una decisión estrictamente ideológica que provocará un ejercicio más restringido de los derechos previstos en el artículo 27" y en cuya base, explica, "se encuentra en una serie de estereotipos de dudosa credibilidad, hasta el momento", puesto que "no existe información suficiente" como para contrastarlos.

Para Ciudadanos, esta situación de crítica hacia la LOMLOE es consecuencia de que la ministra Celaá ha redactado este texto sin consultar con el resto de fuerzas políticas. Los de Inés Arrimada creen que una ley como esta, "que sería la octava Ley de Educación en 40 años", debe ser "debatida y consensuada con las comunidades autónomas y con la oposición, en un momento en el que, en su opinión, hay que sacar la Educación del debate político por la incertidumbre que existe sobre el año académico.

De hecho, formación naranja lamenta que PSOE y Podemos "no hayan considerado la grave crisis sanitaria y económica" que atraviesa el país como "un motivo suficiente para prorrogar la tramitación de la 'Ley Celáa'". "Creemos que es momento de aprobar un paquete de medidas urgentes, en el seno de los Pactos de la Reconstrucción, dirigidas a paliar el impacto del Covid19 en la Educación y preparar la respuesta de nuestro sistema educativo para garantizar que los niños y jóvenes no pierden el año escolar o universitario", apunta.

La iniciativa de Ciudadanos destaca también como una de las principales carencias de la LOMLOE, el hecho de que no garantiza que se pueda estudiar al español en toda España. En este sentido, Ciudadanos denuncia la situación que viven algunos alumnos en "comunidades autónomas con lengua cooficial" y señala que cualquier proyecto educativo debe "contemplar que no se atropellan los derechos lingüísticos de los alumnos y sus familiares en las escuelas".

En concreto, denuncian que la Ley de Educación catalana "únicamente reconoce el catalán como lengua vehicular" en dicha región, una situación que, a su juicio "pasa totalmente desapercibida" para el Gobierno de España que, apunta Ciudadanos, no incluye en el nuevo texto ninguna modificación para garantizar que el castellano sea lengua vehicular en todo el territorio.

En este punto, reclaman "no restar competencias" a la Alta Inspección Educativa. "El proyecto de ley quita las competencias de velar por que se cumpla la Constitución a la Alta Inspección Educativa y da esa potestad a los gobiernos autonómicos, en algunos casos nacionalistas, así como la decisión de cuántas asignaturas se imparten en castellano", recogen en su enmienda a la totalidad.

"Ciudadanos quiere un proyecto sólido y concreto presupuestariamente", indica también la formación, que señala que el Ejecutivo anuncia inversiones que "luego no presupuesta". "El ejemplo de la gratuidad en la educación infantil es paradigmático: se anuncia la voluntad de avanzar hacia ella, pero no se recoge ninguna previsión presupuestaria, lo cual deja la propuesta al albur de la coyuntura económica, crea incertidumbre en las familias y hace dudar sobre la voluntad real del Gobierno de aplicar estas medidas", lamenta.

Con esta reclamación de devolución, los narnajas aseguran que cumplen su función de oposición f"irme, pero leal y responsable". En este sentido, apuntan que el Ejecutivo" encontrará total predisposición en Ciudadanos para lograr un Pacto de Estado por la Educación, si es capaz de rectificar y abordar una reforma profunda del sistema educativo que nos traiga más estabilidad y mejores resultados".