Martes, 26 de noviembre de 2024
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CSIF, CCOO, STAJ y UGT Asturias inician la recogida de firmas "en defensa del servicio público de Justicia para todos"
CSIF, CCOO, STAJ Y UGT, sindicatos más representativos de la Administración de Justicia, iniciarán este martes, 4 de diciembre, una masiva recogida de firmas en defensa del servicio público de la Justicia para todos los ciudadanos sin exclusiones, según informaron fuentes de los sindicatos en un comunicado.
Los sindicatos defienden que la Justicia "siga siendo un Servicio Público que garantice el acceso a la misma de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, tal y como proclama la Constitución, que garantiza el principio de tutela judicial efectiva".
En este sentido, se oponen a la Ley de Tasas Judiciales porque "crea una justicia solo para una minoría privilegiada e impide el acceso a este derecho fundamental a la inmensa mayoría de la sociedad por no tener los recursos que dicha Ley establece".
Asimismo, denuncia públicamente que la Administración de Justicia "ampare a los causantes de la crisis económica como la gran banca que con sus demandas privan a millones de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda".
Igualmente, critican "el oscurantismo y el despotismo del Ministro de Justicia en la elaboración y tramitación de los proyectos de ley de reforma de la Administración de Justicia despreciando soberanamente a los profesionales y empleados públicos que día a día somos los que mantenemos en pie el servicio público".
Los sindicatos se oponen "a otros proyectos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de reforma de esta Administración, que van a suponer un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos, que pagarán por unos servicios que ahora prestamos los empleados públicos de la Administración de Justicia de forma gratuita, al ser un servicio público indispensable".
En este sentido, han hecho un llamamiento a todos los profesionales de la Administración de Justicia, jueces, fiscales, abogados, procuradores, ciudadanos usuarios de la Justicia, organizaciones sociales de defensa de los derechos ciudadanos, y a todos los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia a "defender este Servicio Público indispensable".
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