La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) presentará este martes una propuesta de Registro Civil alternativa a la "privatización" que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que supone otorgar "un pingüe negocio" a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

   El sindicato entregará esta propuesta en la Mesa Sectorial de Justicia al haber tenido acceso al borrador de anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros Civiles y advertir de la "pérdida de garantías" para los ciudadanos que supondrá su atribución a los registradores, además del "encarecimiento injustificado" de un servicio público hasta ahora gratuito.

   Recuerda que los mismos Registradores de la Propiedad y Mercantiles han rechazado asumir esta competencia por distintas razones. "A las que CSI-F añade la política, al considerar totalmente inadecuado que dicha propuesta, que al fin y al cabo supone otorgar un pingüe negocio a este colectivo, sea realizada bajo el mandato de un presidente del Gobierno, registrador de la Propiedad, como lo son hermanos suyos y según la prensa, familiares bien cercanos del mismo ministro de Justicia", señala.

   "Ello, política y éticamente, ante la colisión de intereses existentes, pensamos que es sencillamente inadmisible en un Estado Social y Democrático de Derecho, mas cuando últimamente está sometido por desgracia a un fenómeno de corrupción, cuya sombra de duda debe despejarse totalmente en cualquier actuación política", advierte.

   Los ejes de su propuesta alternativa giran en torno a un Registro Civil dependiente del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que recupere el recurso ante esta misma instancia y no obligue al ciudadano a acudir directamente al juzgado previo pago de la correspondiente tasa.

   CSI-F también plantea un servicio centrado en las personas, y no tanto en los hechos registrales, y, sobre todo, cercano al ciudadano al entender que no se puede confiar la única forma de acceso en las nuevas tecnologías.

   Eso sí, ve adecuada una mayor inversión en tareas de digitalización para conseguir un servicio "eficaz, sencillo en su uso y común a todos los Registros civiles". "El dinero que se precisa para esta modernización tecnológica nunca puede ser considerado un gasto, sino una inversión", añade.

   Defiende un modelo de Registro Civil financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado y bajo el mando de los funcionarios de la Administración de Justicia ya que lo contrario significaría "tirar por la borda" la formación y experiencia de cientos de profesionales.

   CSIF apuesta por el mantenimiento de los puestos de trabajo del Registro civil, el análisis de las cargas de trabajo y el estudio de los perfiles necesarios para los puestos de trabajo que permitan modernizar la estructura y el funcionamiento de este servicio público.

   A su juicio, dentro de estos perfiles encajan los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Gestión, Tramitación y Auxilio tanto por la preparación y formación exigida como por grupos de funcionarios a los que pertenecemos. "Esta variedad permite asumir todas las funciones necesarias dentro del Registro civil", remacha.

   "El nuevo Registro civil debe ser el resultado de un proceso de negociación, en el que participen todos los que hacen posible que se abran las oficinas cada día y no mediante la imposición de un acuerdo restringido con quienes van a recibir este servicio, que es como se ha estado negociando el borrador de anteproyecto impulsado desde el Ministerio de Justicia.", concluye.