Sabado, 30 de noviembre de 2024
Con la Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local
CSI-F teme un recorte salarial a los funcionarios de las corporaciones locales
El sindicato de funcionarios CSI-F teme que el Gobierno aproveche la reforma de la Ley Local para homologar los salarios entre las distintas corporaciones locales y llevar a cabo de esta forma una rebaja de sueldos a sus funcionarios.
Por ello, reclama en un comunicado la convocatoria urgente de las mesas de negociación correspondientes para que el Ejecutivo explique con detalle esta reforma y despeje toda duda.
Al mismo tiempo, CSI-F planteará esta cuestión el próximo jueves en la Comisión Asesora para la Reforma de las Administraciones Públicas, que preside la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con la idea de "pedir explicaciones al más alto nivel".
Los temores de CSI-F se han vuelto a disparar después de que desde el Ministerio de Hacienda se hiciera este lunes alusión a esta cuestión, aunque el gabinete que dirige Cristóbal Montoro sostiene que la Ley de Reforma de Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local no incluye ningún recorte del sueldo de los funcionarios de las corporaciones locales.
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda explicaba, en otras cuestiones, que la reforma "introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de coste estándar, como sucede en otros países europeos" y permitirá un ahorro cercano a los 8.000 millones de euros entre 2013 y 2015.
Para CSI-F, los funcionarios necesitan que toda cuestión salarial se clarifique, ya que "los empleados públicos españoles ya han cubierto el cupo de recortes y su cuota de responsabilidad en la crisis".
Dicho esto, el sindicato ha reiterado que "no aceptará la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y reclama firmes garantías sobre la estabilidad en el empleo".
"Igualmente, exige garantías sobre la calidad y el carácter público de materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, estableciendo un catálogo de servicios que deben prestarse exclusivamente por el sector público", sentencia.
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