España da por concluido el proceso de excarcelaciones de disidentes cubanos iniciado en julio pasado con su mediación y la de la Iglesia católica cubana con la llegada a Madrid de los últimos 37 ex presos políticos, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.  

Con ellos, ascienden a 115 los disidentes excarcelados y trasladados a España, acompañados por 647 familiares, según los datos facilitados este viernes por Exteriores en un comunicado. Si a ellos se suman los presos liberados a los que se les ha permitido permanecer en la isla, la cifra se eleva a los 126. 

  En los 115 opositores mencionados, se incluye a los 52 presos de conciencia del llamado Grupo de los 75 opositores detenidos en la ola de represión de 2003, de los cuales 40 han sido acogidos en España, mientras que los 12 restantes han sido puestos en libertad paulatinamente en territorio cubano. 

  Además de los excarcelados pertenecientes al Grupo de los 75 han sido liberados otros presos de conciencia que estaban recogidos en las listas de Amnistía Internacional, de las Damas de Blanco, y de otras organizaciones de derechos humanos. "Todos los excarcelados, así como sus familiares, han manifestado fehacientemente su aceptación de traslado a España", destaca el comunicado. 

  Los últimos 37 excarcelados han llegado a primera hora de esta mañana acompañados por 208 familiares a la terminal 1 del aeropuerto de Madrid Barajas, en un vuelo de Air Berlin fletado por el Gobierno español.

SIN CONTACTO CON LA PRENSA  

Nada más aterrizar, fueron trasladados al Pabellón de Estado, por lo que la docena de periodistas que les esperaban en el hall de llegadas no tuvo la oportunidad de hablar con ellos, ni siquiera de tomar imágenes. 

  La decisión de fletar un vuelo para trasladar a este gran grupo en lugar de comprar billetes para cada uno de ellos inmediatamente después de que el Arzobispado cubano fuera anunciando cada excarcelación -lo que se producía en grupos de entre dos a diez personas- responde a un deseo de abaratar costes, han reconocido a Europa Press fuentes diplomáticas. 

  Según Exteriores, estos últimos excarcelados recibirán, como los anteriores acogidos hasta la fecha, "ayudas económicas de manutención, alojamiento, asesoramiento legal, asistencia psicológica, escolarización de menores, facilitación para la homologación de títulos escolares y universitarios, asistencia para la integración laboral, y atención sanitaria". 

  Para su acogida en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con la colaboración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, del Ministerio de Interior y de ONG especializadas, ha habilitado un dispositivo de acogida para la progresiva integración de los excarcelados y de todos sus familiares en la sociedad española.

   Esta atención la proporcionan, con financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cruz Roja Española, la Comisión Española de Atención al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM), en virtud de los correspondientes convenios firmados con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

  En el caso de los cubanos llegados en el día de hoy y dado el gran número de personas, las ONG se encargarán de organizar su acogida en distintos puntos de España, primero en centros de acogida, y luego en pisos y apartamentos de alquiler. 

  Una vez llegados al territorio nacional, los disidentes pueden acogerse al estatuto de protección subsidiaria, opción que les recomendaba el Gobierno español porque, en su opinión, no les cierra la puerta a regresar algún día a la isla, o por el asilo político. 

  A fecha de 30 de marzo, la Comisión Interministerial de asilo y refugio (CIAR) ha concedido 41 estatutos de asilados políticos y 231 protecciones subsidiarias, según Exteriores. En las próximas reuniones de la CIAR se seguirán examinando los expedientes de asilo y de protección subsidiaria pendientes. 

  Las autoridades españolas tienen un plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud para decidir acerca del estatuto que se les aplica.  

En cualquier caso, en tanto en cuanto esa decisión se produce, no existe ninguna situación de desprotección de los liberados y de sus familiares, que en todo momento han gozado tanto de los beneficios generales de asistencia humanitaria que establece la legislación española como de las ayudas específicas que se recogen en los protocolos que el Ministerio ha suscrito con distintos organismos humanitarios, precisa el departamento que dirige Jiménez. 

  Una vez presentada la solicitud de protección internacional, a  los liberados y sus familiares se les ha ofrecido la posibilidad de ser trasladados tras un análisis de las necesidades de cada grupo familiar y según  las disponibilidad de plazas, a diferentes centros de acogida y, posteriormente, a pisos y apartamentos de alquiler. La asistencia médica, socio-laboral, jurídica y psicológica continúa en estos centros de acogida y pisos.