El magistrado, que ha adoptado esta decisión a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), señala en un auto dictado este miércoles que la declaración es pertinente "dado que ahora se conocen los concretos domicilios" de los dos procesados en Caracas (Venezuela) y La Habana (Cuba). En este sentido, pide que se les cite "por correo con acuse de recibo internacional".

   De igual modo, el juez Velasco rechaza la personación de los dos etarras en la causa en la que están procesados, lo que les impedirá acceder a las diligencias contenidas en el sumario, y da traslado a la AVT para que se pronuncie sobre la petición de extradición del también etarra José Ángel Urtiaga Martínez, solicitada por la Fiscalía.  

  El instructor sostiene que Cubillas y Urtiaga se encuentran "en situación de sustracción a la acción de la justicia y en búsqueda y captura", ya que al no haberse "presentado personalmente" ante el juez, incumplen "el principio de sujeción al procedimiento" que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que en su artículo 118 establece que "toda persona a la que se le impute un hecho punible podrá ejercer el derecho de defensa".

  El objetivo del magistrado es que los dos reclamados ratifiquen los procuradores y abogados que han designado para poder personarse en el procedimiento y que en el mismo acto se proceda a "legalizar su situación" practicando una vista en la que se decidiría si los dos procesados ingresan en prisión.

   En relación con Urtiaga Martínez, el instructor reclama a Interpol que reitere la vigencia de la orden internacional de detención que dictó el 24 de febrero pasado con el objetivo de que "se proceda a su inmediata ejecución", tal y como solicitaron los fiscales Vicente González Mota y Teresa Sandoval.  

  SITUACIÓN DE REBELDÍA  

   En su informe, la Fiscalía recordaba que los dos reclamados se encuentran "en situación de rebeldía y no están a disposición del órgano instructor", por lo que "sólo puede admitirse" su personación en el procedimiento "cuando sean efectivamente entregados" por las autoridades de Venezuela y Cuba "o se presenten voluntariamente al objeto de prestar declaración" en la Audiencia Nacional.

   Tanto Cubillas, que desde 2007 ocupa el cargo de jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), como Urtiaga han solicitado su personación en la causa que instruye el juez Velasco y han designado procurador y abogados para poder acceder a las diligencias contenidas en el sumario.

   La AVT, que ejerce la acusación popular en el proceso de forma conjunta con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid,  reclamó a Velasco que cite a Cubillas y Urtiaga en un plazo de cinco días para que ratifiquen ante el tribunal el poder notarial que han presentado ante el juez.   

  En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación reclama que ambos "ratifiquen personalmente las designaciones efectuadas". En caso de no desplazarse hasta la Audiencia Nacional, esta parte reclama que los dos procesados "demuestren" que los procuradores que han designado (César Ricardo Bastardo Sulbaran y Felicia Elbus Bell Ramsay, respectivamente) son "notarios públicos", y que además expliquen "en base a qué normativa de la Unión Europea tienen fe pública en España".  

  El juez Velasco solicitó el pasado 20 de octubre al Gobierno español que pida al Ejecutivo de Venezuela la extradición de Cubillas Fontán y que "antes" de cursar esta petición reclame la "revocación" de su nacionalidad venezolana por haberla obtenido para eludir las causas que tiene pendientes en la Audiencia Nacional.    

INSTRUCCIÓN DE ETARRAS     

  Cubillas Fontán fue señalado por los presuntos miembros del comando Imanol Javier Atristain, alias Golfo, y Juan Carlos Besance Zugasti, Fenómeno, encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como el etarra que les adiestró en Venezuela en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.  

  El juez Velasco procesó a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.   

Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.