Los ministros de Economía de la eurozona aprobaron el pasado viernes el acuerdo de rescate bancario para España dotado hasta con 100.000 millones de euros, así como el memorándum con las condiciones exigidas a cambio de la ayuda.

   El primer tramo de dicho préstamo, de 30.000 millones de euros, estará disponible a finales de julio, y "puede usarse en caso de necesidades financieras urgentes e inesperadas", según informó el Eurogrupo en un comunicado. La cifra exacta del rescate se fijará una vez se conozcan en septiembre los resultados de las auditorías de las necesidades de capital de cada entidad.

   Las condiciones del préstamo para España, que el Gobierno solicitó formalmente el 25 de junio, ya fueron objeto de "acuerdo político" en la reunión de ministros de Economía de la eurozona del 9 de julio. El plazo de devolución será de media de 12 años y medio y como máximo de 15 años y el periodo de carencia de 10 años. El tipo de interés se situará en torno al 3%, según indicó el propio ministro de Economía, Luis de Guindos. 

  El rescate se desembolsará en cuatro tramos a lo largo de 18 meses y dedicará 25.000 millones de euros para financiar el banco malo en el que las entidades que reciban ayuda deberán segregar sus activos inmobiliarios tóxicos. La ayuda podría paralizarse en cualquier momento si España no cumple las condiciones.

LIQUIDACIÓN DE BANCOS

   Para los bancos problemáticos, el memorándum pide su reestructuración "en profundidad" o liquidación. Por ello, España deberá dar en las próximas semanas nuevos poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cerrar bancos. 

  Los accionistas y titulares de deuda subordinada y capital híbrido, como las preferentes, deberán asumir pérdidas. Sólo se salvan de este reparto de la carga depositantes y tenedores de bonos sénior. El Eurogrupo ha desoído así la recomendación del Banco Central Europeo, que ha cambiado de posición y pide ahora que los titulares de bonos también contribuyan.

   Para el conjunto del sector financiero, la UE exige, entre otras cosas, aumentar al 9% el capital de todos los bancos, reforzar el poder del Banco de España en detrimento del ministerio de Economía o la renuncia de las cajas al control que ejercen sobre los bancos que se crearon a partir de ellas. La Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI vigilarán que se cumplan las condiciones incluso con inspecciones sobre el terreno.

   El memorándum recoge además las recomendaciones de política económica formuladas por la Comisión al Gobierno de Mariano Rajoy. Entre ellas se encuentra la subida del IVA, la supresión de la deducción por vivienda o la aplicación de la reforma laboral. "Los progresos en estas áreas se revisarán de cerca y de forma regular en paralelo con las condiciones para el sector financiero", avisan los ministros. 

  "El Eurogrupo está convencido de que las reformas ligadas a este acuerdo financiero contribuirán a restaurar la estabilidad y la solidez de todas las partes del sector bancario español", señala la declaración de los ministros de Economía de la eurozona.

RECAPITALIZACIÓN DIRECTA 

  El préstamo será financiado inicialmente por el temporal Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y se canalizará a través del FROB, que será además el garante de la ayuda en representación del Estado español. Ello significa que durante el periodo inicial el rescate bancario computará como deuda pública.

   "El Gobierno español será plenamente responsable de la asistencia financiera", subraya la declaración del Eurogrupo. 

  Una vez que comience a funcionar el fondo de rescate permanente (MEDE), que se retrasa al menos hasta septiembre porque el Tribunal Constitucional alemán no se pronunciará hasta entonces sobre su legalidad, la ayuda se transferirá allí sin ganar prioridad respecto al resto de acreedores de España. 

  El contrato del préstamo recoge por primera vez claramente por escrito que España se beneficiará en el futuro de la recapitalización directa, es decir, que el préstamo dejará de contar como deuda y no tendrá que ser garantizado por el Estado. La condición previa es que se cree un supervisor bancario único en la UE, algo que los líderes europeos se han comprometido a poner en marcha a finales de año.

   "Una vez que se apruebe la recapitalización directa para las instituciones financieras en España, bien se realizarán enmiendas a este contrato para poner en práctica ese acuerdo o este contrato será sustituido por otros que recojan la recapitalización directa de instituciones financieras", afirma.

   El contrato señala además que España podrá usar parte de los 100.000 millones del rescate bancario para comprar bonos con el fin de rebajar la prima de riesgo o para financiar el Estado. No obstante, deberá obtener permiso del Eurogrupo, que puede imponer nuevas condiciones de política económica.