Celma, que ha permanecido declarando durante más de cinco horas como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha defendido en su declaración que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato hace dos meses como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

   El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, también ha explicado que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración. "No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", ha dicho.  

   Las primeras cuentas de 2011, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración de Bankia el 28 de marzo de 2012, presentaban unos beneficios de 309 millones de euros. Tras la dimisión de Rato, que se produjo el 7 de mayo de 2012, tuvieron que ser reformuladas y pasaron a tener unas pérdidas de 2.979 millones, lo que obligó a la entidad a solicitar 17.959 millones de euros de ayudas públicas.

ADVERTENCIA EN MARZO 

  Según las citadas fuentes, Celma trasladó su advertencia sobre la situación de Bankia el 18 de octubre de 2011, cuando indicó a los gestores de la entidad que deberían hacer un seguimiento de cara al cierre del ejercicio en dos aspectos: la valoración de la participación de Bankia en BFA y la recuperabilidad de los créditos fiscales contabilizados.  

   El testigo también ha asegurado que entre octubre de 2011 y marzo de 2012 se celebraron cuatro reuniones de la Comisión de Auditoria de BFA y siete del Comité de Auditoria de Bankia y que no fue invitado a ninguna. Ante el primer órgano compareció el 26 de marzo para sostener que la situación había empeorado y que los créditos fiscales se habían incrementado de 1.100 a 2.900 millones de euros, lo que exigiría unos 8.500 millones de euros de beneficios futuros.

   En este encuentro, apuntó que el decreto 2/2012 de saneamiento del sector financiero había empeorado la situación, por lo que el informe de auditoria tendría que incluir dos "salvedades" y un "párrafo de énfasis". Según ha explicado, durante esta reunión presentó estos datos en un power point aunque no incluyó la mención a los problemas de viabilidad porque estaba hablando con "gente profesional" y supuso que le entenderían. Al día siguiente, se reunió con el Comité de Auditoria de Bankia y trasladó que en las cuentas faltaba una serie de documentación sobre la tasación de algunos activos inmobiliarios del grupo.  

También ha apuntado que en febrero de 2012 mandó un correo a Bankia en el que advertía de que se podía negar a auditar las cuentas y añadía que la situación de Bankia era sustancialemnte peor a la de octubre, ya que los créditos fiscales se habían incrementado a 3.300 millones de euros.

7.000 MILLONES DE EUROS

   Al no querer un informe con salvedades, Rato y el consejero delegado de la entidad, Francisco Verdú, creó un equipo con el banco de inversiones Lazard, Deloitte y la consultora inmobiliaria Clifford Chance para intentar buscar soluciones, entre las que se barajó una operación corporativa de fusión con otras entidades para obtener ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según Celma. 

  Descartado este plan, según ha explicado, se buscaron inyecciones de 7.000 millones de euros para garantizar el plan de capitalización que Rato presentó al Banco de España el 30 de marzo y que, según declaró el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se aprobó el 17 de abril porque no había otra posibilidad.

SIN INDICACIONES DE DE GUINDOS

   Celma, que ha asegurado que nunca recibió ninguna indicación sobre este asunto del ministro de Economía, Luis de Guindos, ha apuntado que habló con Rato el día 18 de abril por la noche y éste le dijo que estaba a punto de conseguir 7.000 millones de euros, tras lo que le pidió un borrador de informe sin salvedades. 

  Tras comprometerse a ello "aunque tuvieran que trabajar día y noche", Celma ha dicho que le envió dos papeles de trabajo en los que trasladaba las principales conclusiones de su informe. De igual modo, el auditor ha negado que le trasladara a la consejera Araceli Mora que Rato estuviera negociando soluciones a la situación de la entidad, como ésta aseguró ante el juez. 

  En otro punto del interrogatorio, el fiscal Alejandro Luzón ha preguntado al testigo si no atribuyó las pérdidas al equipo anterior para que el nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, estuviera "más tranquilo". "En absoluto", ha dicho. 

  Tanto Rato como el resto de exconsejeros imputados apuntaron que Deloitte nunca les advirtió de que Bankia tuviera problemas de saneamiento más allá de que el Banco de España tenía pendiente aprobar su plan de capitalización. Rato, de hecho, aseguró en su declaración judicial que Celma le prometió el 3 de mayo que las cuentas estarían listas "al día siguiente" aunque tuvieran que estar "toda la noche trabajando".

COMPARECENCIA DE GOIRIGOLZARRI 

  Las declaraciones se reanudarán mañana, jueves, con la comparecencia del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que será preguntado por las acusaciones por las circunstancias en que se produjo la salida de Rato. Según el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su dimisión se produjo después de que el Ministerio de Economía le quitara el "control" y adquiriera "un protagonismo público y notorio" en la crisis. 

  Finalmente, el viernes será el turno del representante legal de Bankia y el BFA, que están imputados en la causa en calidad de  personas jurídicas junto a 33 exconsejeros de la entidad, entre ellos Rato y el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas. El juez les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.