"Hemos decidido unirnos y decir que no lo aceptaríamos. Necesitábamos ser parte del proceso (...) y esta ley afectaría a todos los votantes en Texas", ha defendido la representante Jessica González al diario 'The Washington Post'.

La conocida Ley de Protección de la Integridad Electoral, una más del amplio paquete legislativo que están dispuestos a lanzar los republicanos de Texas, fue avalada el domingo por la mañana en el Senado después de un debate que duró toda la noche, pasando posteriormente a la Cámara de Representantes. Sin embargo, la sesión ha tenido que ser suspendida tras la salida de los congresistas demócratas.

El texto, entre otras cosas, prohíbe la votación en coche, los colegios electorales provisionales, los centros de votación de 24 horas, como los utilizados en las pasadas presidenciales en el condado de Harris --en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso con el 56 por ciento de los votos--, e incluso acudir a las urnas los domingos antes de las 13.00, hora local.

"La votación directa es utilizada particularmente en mayor manera por los votantes negros, por lo que está muy clara cuál es su motivación", ha criticado la juez demócrata del condado de Harris, Lina Hidalgo.

"Claramente, creo que casi todas las disposiciones tienen algo que es intencionadamente discriminatorio en materia racial", ha valorado el representante Colin Allred. "Destaca cuán descuidada es esta legislación y cuán intencional es la discriminación. Y terminará en los tribunales, y a los texanos les costará millones de dólares, sí, de los dólares de sus impuestos, defenderlo".

A su vez la norma impondría mayores penas contra las autoridades que ofrezcan aplicaciones para el voto por correo a ciudadanos que no lo hayan solicitado y endurecería las condiciones para la identificación y admitiría únicamente como documentos válidos el carné de conducir y el número de la Seguridad Social.

La norma permitiría además anular unas elecciones "si el número de votos ilegales es igual o mayor que el número de votos necesario para cambiar el resultado de las elecciones" sin necesidad de que se demuestre fraude alguno.

Desde la derrota de Donald Trump en las presidenciales de noviembre, al menos 14 estados con mayoría republicana, como Georgia, Florida, y Arizona, han aprobada leyes electorales más restrictivas y ya se han contabilizado en lo que va de año casi 400 proyectos legislativos con los mismos fines, apunta la cadena NBC.

Se trata de la tercera vez que los demócratas de Texas, tradicional bastión del Partido Republicano, rompen el quórum de la cámara para protestar por la aprobación de una norma. La primera de ellas data de 1870 y ya más recientemente hubo casos similares en 1979 y 2003. El estado está considerado ya de por sí uno de los territorios en los que es más difícil emitir el voto y uno con los mayores índices de abstención.