La titular del juzgado 4 de Instrucción, Ana López Pandiella, ha dictado el sobreseimiento de la querella criminal interpuesta por el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, y su esposa, Mar Zapico, contra el concejal del PP Manuel Pecharromán, por relacionarles con la Operación Marea, un supuesto caso de corrupción en el que está imputado el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, al trabajar la mujer en una de las empresas implicadas.  

  Según el auto judicial, dictado por la misma magistrada que inició la investigación e instrucción del caso Marea, el sobreseimiento responde a que, como personas publicas, deben "soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requiere el pluralismo político.    Además, destaca que los querellantes no desmienten en ningún momento los hechos, respecto a que Zapico, por su trabajo, tuviera "un papel destacado en las ventas de su empresa a las distintas administraciones", ni tampoco la relación "muy estrecha" del PSOE gijonés con Apsa ni las sospechas sobre el motivo real de la dimisión de Riopedre.   

 Sariego y su mujer habían presentado contra el edil popular una querella criminal por las manifestaciones hechas el pasado 24 de enero por este último, sobre que la Operación Marea pueda tener ramificaciones en el Ayuntamiento de Gijón, al destacar la coincidencia de la esposa del edil y responsable socialista en la ciudad trabajara como comercial en Almacenes Pumarín, imputada en la supuesta trama de corrupción, al tiempo que sembraba dudas sobre la causa real de la dimisión de Riopedre y su número dos, María Jesús Otero, también imputada.  

  Para la magistrada, estas manifestaciones no son constitutivas de los delitos de calumnias o injurias. En caso de las calumnias, el auto judicial incide en que Pecharromán "no imputa ningún delito específico a los querellantes", mientras que en el de injurias, recalca que sólo pueden ser castigadas las consideradas delito las graves y que se hacen a sabiendas de su falsedad y "con temerario desprecio a la verdad".   

 López Pandiella hace referencia, asimismo, a la repercusión pública del caso Marea  y a que se trata de un tema de interés general al afectar al conocimiento por los ciudadanos de "una buena o mala gestión de lo público".   

Según ella, pese a que el querellado (Pecharromán) habla de un caso particular, el de la posible implicación del querellante,Sariego, y su esposa en actividades similares a las investigadas, es verdad que lo enmarca en un contexto general de corrupción y de necesaria persecución institucional (incluso moral o política, que no necesariamente penal) de este tipo de actuaciones.

DE MUY DUDOSA MORALIDAD PÚBLICA

   Es más, se enfatiza que la habitual adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón a Almacenes Pumarín, en la que trabaja como comercial la mujer  de Sariego, "pudiera ser legal o no, ya lo dirá en su caso el juzgado encargado de continuar la instrucción del caso, pero lo que parece ser una conclusión lógica es que a los ojos de cualquier observador imparcial y desde un punto de vista estríctamente ciudadano se puede interpretar con relativa facilidad que el hecho de la decisión de contratación con dicha empresa pudiera ser, al menor, "de muy dudosa moralidad pública".

   A este respecto, se remarca que es un edil del mismo partido que político que el alcalde ,en este caso la regidora Paz Fernández Felgueroso, o la familia del concejal "quienes a la postre se pudieran resultar beneficiados en alguna medida, directa o indirectamente, por dicha actuación administrativa".

Una circunstancia que es la que critica Pecharromán, según la jueza.  

  En opinión de esta, "partiendo de unos hechos bastante objetivos se llega a la conclusión de que con la constante adjudicación a Almacenes Pumarín de múltiples contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón se ha beneficiado a diversos miembros del Consistorio y del mismo partido político del querellante, cuyos familiares figuran como trabajadores de dicha empresa.

Por ello, de ahí a pasar a escribir que se utiliza el cargo en beneficio de amigos o compañeros, como sería el caso, no hay salto antijurídico alguno, pus simplemente es la valoración interpretativa, certera o errónea,  eso es otra cosa, que haría cualquier ciudadano de tipo medio de esa misma situación.   

"El concejal del PP lo narra y explica porque tiene el medio para hacerlo y el ciudadano lo piensa y se lo calla porque él no lo puede transmitir públicamente; es es la diferencia entre ambos en este caso concreto", continúa el auto judicial. La magistrada sostiene que estamos "simplemente ante una cuestión de matices" y ante una "interpretación subjetiva de unos hechos concretos que parecen responder a la realidad de lo sucedido".  

  El auto concluye que "no se puede confundir la crítica voraz y dura con  lo que es el delito de injurias" y matiza que las manifestaciones hechas por el edil del PP en unos programas de radio hay que enmarcarlas en "un debate o contienda pública y política que afecta a los intereses de la ciudadanía".