Entre medias, el Gobierno se ha propuesto aprobar la LOMCE, una nueva ley de educación que toda la oposición (a excepción de UPyD) tirará abajo en cuanto haya cambio de gobierno. Una vez más se constata que por encima de los ciudadanos están los políticos: una clase superior que vive en una realidad diferente y cuyas fechorías repercuten en todos menos en ellos mismos. Si no teníamos bastante con el ninguneo internacional a cuenta de la economía española y con el reciente informe de la OCDE sobre educación, los políticos insisten en negar a los ciudadanos un sistema educativo de calidad.  Hasta que no haya una despolitización real de la educación,  en esta España siempre polarizada y partidista, no habrá posibilidad de cambio.  A España le sobran políticos que piensen en las próximas elecciones y necesita personas de estado que piensen en las próximas generaciones.  También le falta una apuesta clara y decidida en I+D+i, de la que probablemente no verán los frutos los que gobiernan hoy, pero se verá en 10 años.  Si hace 10 o 15 años el partido gobernante hubiese hecho los deberes,  y los siguientes hubiesen continuado la labor, hoy tendríamos jugosos y provechosos proyectos;  pero no.

La ley de educación que debería regir en España tendría que ser elaborada por un organismo independiente,  con expertos de reconocido prestigio y valía en cada uno de los niveles de la enseñanza reglada en España. Dicha ley, debe implantar un sistema que fomente el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo en los estudiantes; ha de contemplar las diferencias propias entre universidad y formación profesional para diferenciar materias y competencias para encaminar a los alumnos a elegir la mejor opción que les prepare adecuadamente para el mundo laboral. Porque la felicidad no la da un título universitario,  sino hacer lo que a uno le gusta de manera excelente. Y por supuesto,  en toda esta amalgama de lo que pueden parecer buenas intenciones,  ningún político ha de meter la mano y en el caso de una modificación debería ser un proceso importante, casi como el que hay que seguir para cambiar la Constitución. Para su cumplimiento, adaptación y seguimiento,  el organismo independiente sería el ente más respetable y adecuado para hacerlo. Porque si seguimos con estas apuestas  legislativas de mínimos, continuaremos estancados en esta crisis,  llena de rutinas y acomodamientos políticos que ha llevado a conseguir el record de paro juvenil en Europa (52%), la fuga de las personas con el mejor talento que ha tenido nuestro país en décadas y con el consiguiente desencanto y rechazo por su parte, al país que les vio nacer pero que no les ha brindado la oportunidad  legítima que necesitaban.