Por el momento, se han identificado 500 víctimas, pero los investigadores estiman que serán "miles y miles". Lo estafado por la red por año era entre cinco y seis millones de euros y llevaba funcionando desde 2009.

   Entre los arrestados en esta operación, denominada 'Tormenta', se encuentran los tres cabecillas de la red, dos de los cuales han ingresado en prisión por orden judicial; pero hay miembros pertenecientes a los cuatro escalones de la organización, como teleoperadores que contactaban con las víctimas, los testaferros que abrían las cuentas bancarias a su nombre y hacían las transferencias a los captadores o recolectores del dinero.

   Los detalles de esta investigación, que se ha prolongado durante ocho meses y ha estado tutelada por un juzgado de Instrucción de Fuengirola, han sido ofrecidos este martes por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar; por el comisario provincial, Pedro Garijo; por el responsable de la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos, José Manuel Rando, y por la jefa de grupo que ha llevado la operación, Mercedes Pérez.

   La estafa tenía tres niveles, según ha explicado Pérez, ya que en un primer momento los teleoperadores contactaban con las posibles víctimas a las que ofrecían un precio "suculento" de venta de su derecho de uso de una vivienda de multipropiedad, ubicada en la Costa del Sol, por lo que accedían a venderlo, momento en el que se les pedía dinero para realizar distintas gestiones, como trámites notariales.

   En un segundo momento, cuando ya habían sido víctimas de esa primera estafa y sabían que no se iba a vender, les volvían a llamar a través de otras empresas para ofrecer asesoría legal, y se les volvía a solicitar más dinero, ha señalado la investigadora. Por último, contactaban de nuevo como si fuera el juzgado, informándoles de que había habido juicio favorable, pero se les dice que para devolverle el dinero deben pagar unas tasas.

   Aunque parece un engaño "burdo", la responsable de la investigación ha destacado que hay que tener en cuenta que las víctimas son extranjeras y no conocen la legislación española. Ha indicado que el dinero estafado por víctima oscila entre los 300 y los 50.000 euros. Algunos de los afectados han sido estafados por distintas empresas y los detenidos llevaban el dinero a Reino Unido o a cuentas "en paraísos fiscales como Gibraltar".

   La investigación, llevada a cabo por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF Central y la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Málaga, comenzó a raíz de numerosas denuncias de víctimas recibidas de Reino Unido y también a través de Europol. Los inmuebles estaban ubicados a lo largo de toda la Costa del Sol, en municipios como Mijas, Fuengirola o Marbella, han señalado.

DELITOS

   Los detenidos son también británicos pero residían en la Costa del Sol --el principal cabecilla vivía en Mijas--, donde también estaban las oficinas de teleoperadores, contratados a través de 11 empresas pantallas, según los responsables policiales. Se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los responsables de la red tenían antecedentes por hechos similares.

   El subdelegado ha destacado el "éxito" de la investigación y ha apuntado que se han llevado a cabo ocho registros y se han incautado de 97.363 euros bloqueados en cuentas bancarias, 30.061 euros en metálico y 800.000 euros en propiedades embargadas. Además hay 78 cuentas bloqueadas y se ha incautado una embarcación, seis vehículos, 49 equipos informáticos, un televisor, seis móviles, una máquina cuenta billetes y una centralita telefónica.

   En total, se han incautado o bloqueado efectivos y propiedades por un valor de casi un millón de euros. En la fase de explotación han participado más de 50 agentes y de forma paralela se han realizado una investigación patrimonial de los detenidos. Tanto Hernández Mollar como el comisario jefe han felicitado a los investigadores y la "perfecta sincronización" no sólo entre las distintas unidades, sino también con las autoridades judiciales y el ministerio fiscal.