Así se pronuncia el abogado de Torres en su recurso de reforma contra la fianza impuesta a ambos imputados por el juez que instruye el caso Nóos de casi 8,2 millones de euros, al que ha tenido acceso Europa Press, asegurando: "Mi representado no ataca a nadie, ni siquiera tiene eses ánimo, ni ahora, ni antes, ni después, ni de forma directa ni de manera indirecta, como de forma bastarda se intenta colar".  

  El letrado pide que revoque esta fianza -que tienen de límite hasta la medianoche de este miércoles para pagar- porque su cliente "ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir", y destaca que los proyectos del Instituto Nóos eran contratos de patrocinio, y por ello no les alcanza la normativa que el juzgado y las acusaciones quieren aplicarles.  

  Según el recurso, "es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes".  

  Insiste en que "no es cierto que se cruzaran facturas, y menos aún que las mismas fueran falsas, pues lo que el Instituto Nóos hacía era subcontratar los trabajos, subcontratación que es legal en todo caso".  

  En definitiva, sentencia que "los hechos no son, se mire como se mire, constitutivos de una infracción penal de ninguna clase", y defiende que los acuerdos de colaboración con los gobiernos de la Comunitat Valenciana y Balears tuvieron un notable éxito social y económico.

CARGO "HONORÍFICO"  

  Basándose en unas declaraciones del propio Revenga, en que aseguraba que -por ley- en las fundaciones los imprescindibles son el presidente y el secretario, y que el tesorero y vicepresidente son honoríficos, Torres defiende que su cargo de vicepresidente era "honorífico".   

 "Si el vicepresidente es cargo más bien honorífico, y si además es minoría, ya me dirán qué clase de facultad de decisión podía tener Diego Torres en los designios del Instituto Nóos", argumenta el abogado Manuel González Peeters.

   Según el escrito, el auto del juez evidencia "que quien siempre disponía, decidía y ordenaba no era Diego Torres, sino Iñaki Urdangarin, que era el que establecía la participación de otrora acólitos, como es el caso de su amigo, tal vez ahora examigo, Joaquim Boixareu".  

  "Lo que resulta del análisis que ejecuta el juzgado, es la condición de no autor de mi representado, pues las decisiones de carácter administrativo le resultaban y le resultan de todo punto ajenas", justifica.

    Así, la defensa considera que Diego Torres "para el caso de que los hechos que se repuntan de adverso fueran ciertos, y no lo son en ningún supuesto posible, nunca podría ser autor, sino todo lo más partícipe", por lo que no se le puede exigir la misma responsabilidad civil que a Urdangarin.

    Paralelamente, el representante de Diego Torres opina que mantener como responsabilidad civil -lo que justifica la fianza- tanto la base imponible como el tributo presuntamente desviado "genera un enriquecimiento injusto para la administración que se pretende víctima del fraude".