En la misiva, a la que se han sumado entre otros Lucía Muñoz así como Antón-Gómez Reino y el diputado de ERC Joan Josep Nuet, aseguran que aunque no tienen "ninguna intención de interferir en la soberana decisión de Estados Unidos en materia de relaciones internacionales", consideran que están en la obligación de reaccionar puesto que la medida afecta "los derechos de una tercera parte", en este caso los saharauis.

Así, defienden que la proclamación hecha por Trump --que coincidió con la decisión de Marruecos de restablecer relaciones diplomáticas con Israel--, "constituye una violación flagrante del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas en muchos aspectos".

En este sentido, recuerdan que el Sáhara Occidental es el "último territorio de África por descolonizar" y está "habitado por un pueblo soberano cuyo derecho inalienable a la autodeterminación ha sido reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas desde 1963".

Además, recuerdan que en las tres últimas décadas Marruecos y el Frente Polisario, "el único y legítimo representante del pueblo saharaui", "acordaron bajo los auspicios de Naciones Unidas un Plan de Arreglo que permitiese al pueblo saharaui ejercer su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia a través de un referéndum libre, transparente y democrático, que lamentablemente se encuentra estancado desde que las autoridades marroquíes decidieran unilateralmente retirarse de este acuerdo vinculante".

Por otra parte, sostienen que el paso dado por Trump además de la Carta de Naciones Unidas, también contradice la Constitución estadounidense, en concreto el derecho de autodeterminación que, afirman, ya defendió el presidente Woodrow Wilson en 1918 "y desde entonces se convirtió en un principio jurídico universal gracias al cual actualmente muchos países de todo el mundo disfrutan de su libertad".

APELAN AL MULTILATERALISMO DE BIDEN

Tras exponer estas cuestiones, los firmantes de la misiva apelan al "conocido y firme compromiso" de Biden con el multilateralismo con la "esperanza de que revocará esta declaración ilegal reafirmando la posición tradicional" de Estados Unidos "respecto al estatuto jurídico del Sáhara Occidental y el derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación y a la libertad".

Solo así, sostienen, podrá aspirar la nueva Administración Biden a "desempeñar su papel natural en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como facilitador imparcial en los esfuerzos en resolver uno de los casos más antiguos de descolonización ante Naciones Unidas".

"Las decisiones unilaterales sobre un conflicto internacional de esta naturaleza jurídica no harían más que comprometer los actuales esfuerzos de Naciones Unidas y alimentar las tensiones en una región que es vital para la seguridad europea y mediterránea", defienden los firmantes, que confían en que Biden "renueve su apoyo a los preceptos de la legalidad internacional, el Estado de derecho y el escrupuloso respeto por el derecho del pueblo saharaui de decidir libre y democráticamente su estatus político".