Sabado, 30 de noviembre de 2024
Odón Elorza
Dirigente del PSOE pide reformar la Ley de Transparencia para que la Familia Real declare bienes y patrimonio
En un artículo publicado en el diario digital 'Infolibre', recogido por Europa Press, Elorza opina que es un error que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, impulsada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, no afecte a la Familia Real.
Al hilo de la investigación que ha asumido la Fiscalía del Tribunal Supremo en torno a las finanzas de Juan Carlos I, el ex alcalde de San Sebastián plantea "algo tan natural para un demócrata como estudiar la reforma de los artículos 2 y 25, así como modificar la disposición adicional sexta de la ley para que las reglas de transparencia y buen gobierno se extiendan a los miembros de la familia real, incluido el emérito.
"No existe una razón divina, ni una atadura del anterior régimen franquista, ni un argumento de peso que justifique una oposición a este planteamiento. Ni siquiera la discutible inviolabilidad permanente del Jefe de Estado según una lectura feudal del artículo 56.3 de la Constitución de 1978", desarrolla el diputado.
Es más, considera que "los monárquicos debieran ser los primeros interesados en aportar mayor credibilidad y prestigio a la institución", introduciendo este mayor control "de la fortuna del rey y de su familia".
Elorza cree que una reforma de la Ley de Transparencia en este sentido "ayudaría a olvidar episodios sobre presuntas comisiones" cobradas por el rey Juan Carlos por intermediar a favor de empresas españolas en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca.
Unas informaciones publicadas en prensa y que la propia Casa Real contribuyó a "amplificar" con el anuncio del rey Felipe VI respecto a que renunciaba a la herencia económica que pudiera corresponderle de su padre, al que retiraba además su asignación anual con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, recuerda Elorza.
El diputado socialista precisa que él no se considera monárquico, pero apunta que este pensamiento no está reñido con su obligación de aportar iniciativas que permitan mejorar el funcionamiento de una monarquía democrática.
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