La actitud del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha creado malestar en algunos ámbitos del Gobierno y del Partido Popular, que no creen que haya dado explicaciones claras de sus viajes a Marbella. Sin embargo, según fuentes populares consultadas por Europa Press, le están respaldando para evitar que el presidente del órgano de gobierno de los jueces se vaya y se cree un vacío de poder en otra institución, sobre todo en un momento en el que el Ejecutivo tiene proyectada una reforma integral de la Justicia.  

  No obstante, la postura que ha mantenido el presidente del CGPJ no ha gustado a muchos dirigentes populares, quienes consideran que no ha sido correcta su manera de actuar cuando se supo que había realizado numerosos viajes a Marbella, alojándose en un hotel de lujo, con cargo al Presupuesto del Consejo.   

 En este sentido, recuerdan que primero se negó a dar explicaciones y después las ha dado "de aquella manera", sin aclarar qué fin concreto tenían esos desplazamientos. Ha tomado "un camino equivocado" al resistirse a dar explicaciones a la opinión pública, asegura una de las fuentes consultadas.  

  Otras fuentes sostienen que en casos como éste se tiene una explicación o no se tiene y si se tiene, se debe dar a los ciudadanos y sino, lo lógico sería irse. Y en el caso de Dívar, señalan, la situación empieza a ser "infumable" porque no ha aclarado nada.  

  Además, esta forma de actuar se ha visto acompañada también por su negativa a acudir a la Comisión de Justicia del Senado, después de que los senadores se lo pidieron, primero verbalmente y luego por escrito, denunciando incluso que trató de cambiarles la comparecencia por una invitación al CGPJ. Algo que Dívar trató de subsanar asegurando que acudirá en septiembre a la Cámara Alta. Una promesa sobre la que los senadores consultados tiene dudas porque, normalmente, después de la apertura del año judicial que es a mediados de septiembre, debe comparecer primero en el Congreso para explicar la memoria.  

  Sin embargo, y a pesar de este malestar, el PP y el Ejecutivo están respaldando al presidente del Consejo del Poder Judicial para evitar un vacío de poder ya que la sustitución se plantearía complicada. En este sentido, explican que si Carlos Dívar decidiera dimitir, el número dos del Consejo, Fernando de Rosa, se tendría que quedar en funciones y no podría presidir el Tribunal Supremo porque, para ello, debería ser votado por el CGPJ, al igual que lo fue Dívar en su día, por una mayoría cualificada. En ese caso, el Tribunal Supremo pasaría a presidirlo el presidente de Sala más antiguo, que es Juan Antonio Xiol Ríos, el presidente de la Sala Civil.  

  Los consultados precisan que el Ejecutivo no quiere tener descabezada esta institución por varias razones. Entre otras, porque en una situación como la actual, de convulsión económica y financiera como la que está viviendo España, siempre es positivo mantener la estabilidad en las instituciones. Teniendo en cuenta también que aún está pendiente la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y que se está negociando el nombramiento del subgobernador del Banco de España.  

  Además, otro de los motivos es que el Gobierno ha emprendido una reforma de la Justicia que quieren que suponga toda una "revolución". Y, entre otras leyes que se prevén cambiar estaría la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afectará al Consejo del Poder Judicial, ya que cambiará la forma de elección de sus miembros. El objetivo que se persigue es la despolitización del organismo.

   El Gobierno quiere tener esta reforma aprobada para antes del último trimestre del próximo año, que es cuando toca la renovación del Consejo, para que el nuevo órgano de gobierno de los jueces se rija ya por la nueva norma.