"Estamos gravemente preocupados por el aumento de la violencia y la expansión de los combates que hemos visto en el norte de Etiopía y en regiones de todo el país", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien ha mostrado además su preocupación por "la seguridad de los ciudadanos estadounidense y el personal estadounidense (en el país)".

Así, ha pedido a las partes en conflicto "mostrar contención, poner fin a las hostilidades y garantizar que los civiles y sus derechos son respetados", especialmente tras la decisión del martes del Gobierno de imponer el estado de emergencia ante los avances del TPLF.

"Estamos alarmados por las informaciones sobre la toma de Dessie y Kombolcha por parte del TPLF. Los continuos combates sólo prolongan la crisis humanitaria que afectan a demasiadas personas en Etiopía", ha manifestado. "Todas las partes deben detener las operaciones militares e iniciar negociaciones para un alto el fuego sin condiciones previas", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que Feltman viajará este jueves a Etiopía, donde permanecerá hasta el viernes, por la preocupación de Washington "ante la expansión de las operaciones de combate y la violencia intercomunitaria en partes de Etiopía.

"Pedimos a los etíopes que se comprometan con la paz y la resolución de las disputas a través del diálogo", ha reiterado, antes de señalar que Feltman "tendrá una oportunidad de continuar las discusiones existentes, incluido con el Gobierno de Etiopía".

El TPLF ha anunciado en las últimas horas que ha lanzado una "operación conjunta" con el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo (OLA) para "liberar" la localidad de Kemise, en Amhara, continuando con sus avances en el norte de Etiopía.

Las autoridades de la capital, Adís Abeba, instaron el martes a los ciudadanos a armarse y proteger los barrios ante el avance de los rebeldes. Las armas deberán ser registradas en la Policía en los próximos dos días, indicaron, ante la amenaza de que el TPLF y el OLA, escindido del Frente de Liberación Oromo (OLF) tras el acuerdo de paz de 2018, avancen hacia la ciudad.

El miércoles se publicó una investigación conjunta de Naciones Unidas y la Comisión de Etiopía para los Derechos Humanos (EHRC) que presentó "motivos razonables" para creer que todas las partes implicadas en el conflicto en Tigray han cometido violaciones de los Derechos Humanos y contra la ley de refugiados, algunos de los cuales podrían equivaler a crímenes de guerra y contra la humanidad.

El conflicto comenzó en noviembre del año pasado cuando el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva militar en represalia por el ataque a la base del Ejército en la capital de Tigray, Mekelle, tras meses de tensiones entre el TPLF y el Gobierno central en torno al aplazamiento de las parlamentarias, finalmente celebradas en junio y en las que Abiy logró una victoria aplastante ante los llamamientos al boicot y la falta de votación en varias zonas --entre ellas Tigray-- por la inseguridad.

Sin embargo, el TPLF logró importantes avances en junio que le permitieron recuperar Mekelle, tras lo que Abiy anunció un alto el fuego unilateral citando motivos humanitarios, rechazado por el grupo, que expandió su ofensiva a las adyacentes regiones de Amhara y Afar, haciendo temer una propagación de la guerra al resto del país.