El 61 por ciento de los usuarios de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid y el 30 por ciento de sus trabajadores presentan inmunidad ante el coronavirus, por lo que habrían pasado la enfermedad según los primeros datos que refleja el estudio serológico en estos centros que puso en marcha la Comunidad de Madrid.

Así lo ha indicado esta tarde el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, que ha revelado estos datos a los consejeros del ramo del resto de comunidades autónomas y al ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, durante la reunión que han mantenido hoy para tratar el problema de los rebrotes por Covid en las residencias. Con estas cifras de inmunidad, podrán en marcha medidas concretas en cada centro, ha indicado.

Reyero ha calificado de "positivo" dicho encuentro porque todas las comunidades han compartido el impacto actual del Covid-19 en los geriátricos y las medidas puestas en marcha por cada Gobierno. "Celebramos la presencia del ministro de Sanidad, que estuvo acompañado por la directora general de Salud Pública. Nosotros también acudimos con el director de Coordinación Sociosanitaria", ha indicado.

El titular madrileño de Políticas Sociales ha solicitado la participación en estas reuniones o en otros espacios de interlocutores sociales y de sindicatos de trabajadores de residencias "para que puedan realizar aportaciones".

Gobierno y CCAA acuerdan medidas,

revisables cada 15 días, para reducir el

impacto de la Covid en las residencias

El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado un documento con medidas para reducir el impacto de la Covid-19 en las residencias de personas mayores que se revisará cada 15 días en reuniones telemáticas, según ha adelantado este lunes la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes de Baleares.

La consellera del ramo, Fina Santiago, ha destacado que algunas de las medidas acordadas con el Ejecutivo central ya están activas en Baleares como la reducción y el control de las visitas y las salidas y los protocolos de aislamiento y derivación a hospitales.

Para Santiago, lo "interesante" es que se ha acordado revisar los protocolos cada 15 días en reuniones telemáticas para ver cómo se están implementando en cada CCAA para compartir "buenas prácticas" entre administraciones.

Igualmente, se han acordado medidas en relación a los servicios sociales comunitarios como la ayuda a domicilio, centros de día o puntos de información de servicios sociales.

Según ha explicado Santiago, el objetivo es tener al alcance medidas para que el impacto de la Covid en estos servicios sea el menor posible así como saber cómo actuar ante positivos en estos servicios o dependencias.

La consellera de Asuntos Sociales ha trasladado también la coincidencia de todas las CCAA en cuanto a la necesidad de seguir contando con una financiación específica Covod-19.

Según ha señalado, los 300 millones habilitados al inicio de la pandemia -7,5 millones llegaron a Baleares- fueron "muy buenos" pero se ha insistido en contar con una financiación específica, igual que la habido para Sanidad o Educación porque se va a necesitar más allá del verano.

Por último, la consellera Santiago ha trasladado al Gobierno la necesidad de agilizar el Ingreso Mínimo Vital, que no puede fracasar "por una gestión lenta".

Para Santiago, de la misma manera que se están contratando rastreadores para mejorar el seguimiento de la transmisión del virus, se puede contratar personal para agilizar la tramitación del IMV, porque será el único ingreso de muchas familias".