En concreto, fuentes del Gobierno han explicado que este acuerdo con Mercosur, logrado tras más de dos décadas de negociación, no modifica las normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea, ya que éstas permanecen "inalteradas", por lo que todos los productos comercializados en la UE están obligados a cumplir los "exigentes requisitos sanitarios, fitosanitarios y de seguridad alimentaria".

No obstante, ante las críticas y demandas de diferentes organizaciones agrarias, que advierten del impacto negativo que podría tener en España las importaciones de productos agrarios de esos países y que no cumplen las normativas que imperan para las producciones comunitarias, el Ejecutivo ha recalcado que el acuerdo "no cambia nada", ni podría ponerse en cuestión, los estándares de seguridad y calidad alimentaria dentro de la UE.

Además, ha precisado que este acuerdo permitirá que aranceles y determinados requisitos aduaneros bajen y se facilite, de esta manera, el acceso a esos mercados, por lo que se favorecerá la exportación de productos agroalimentarios de gran relevancia en España como el aceite de oliva, el vino o el porcino, entre otros.

Respecto a sectores sensibles como la carne de vacuno, la avícola, el arroz o el azúcar, que tras la firma han denunciado haberse convertido en moneda de cambio en este acuerdo, fuentes del Gobierno reiteran que estas cuotas están bien definidas y reconocen que han sido "elementos difíciles" en esta negociación por parte de la Unión Europea.

De esta forma, han señalado que la liberalización ha sido "muy medida, muy tasada y no tiene riesgo de resultar disruptiva", pero precisan que en el caso de que se diese cualquier situación anómala, se han diseñado "medidas de salvaguardia" que se podrían imponer.

Así, el tema relativo a las cuotas, uno de los más complicados a la hora de negociar con Mercosur, se ha sido "muy estricto y limitado".

En el caso del vacuno la cuota será de 99.000 toneladas, la del bovino parecida, y la carne avícola de 180.000 toneladas.

Mientras que en el caso del azúcar la cuota es de 180.000 toneladas y la del arroz es de 60.000 toneladas, cantidades que representan entre un 1% y un 2% del consumo y la producción europea, que no resultan disruptivas para el mercado europeo.

Por otro lado y sobre la posibilidad de que se retome la idea por parte de la Comisión Europea de la creación de un fondo de 1.000 millones de euros para compensar posibles perturbaciones de mercado, el Ejecutivo ha señalado que se estudiaría a partir del año que viene.

De esta forma, en la negociación se ha tenido en cuenta las sensibilidades a través de liberalizaciones parciales de productos sensibles, además de existir salvaguardias y la posibilidad de fondos para suplir potenciales daños.

PROTEGIDAS IGP COMO BRANDY DE JEREZ, RIBERA DE DUERO O JAMÓN DE JABUGO

Por otro lado, el acuerdo recoge una mayor protección de las Indicaciones Geográficas (IGP) españolas en este caso como puede ser el Jamón de Jabugo, Aceite de Baena, el vino de Ribera del Duero o o el brandy de Jerez, entre otros.

Fuentes del Gobierno han reseñado que esta protección evita la posibilidad de imitaciones y de prácticas comerciales desleales que pueden producirse por el lado de productores en Mercosur.

De esta forma, en el caso de España se verán protegidas 59, de las cuales tres corresponden a bebidas espirituosas, 28 para vinos y 28 para el resto de alimentos.

Por eso, se considera que este acuerdo es una "oportunidad" para los exportadores agrarios, ya que les va a permitir situar sus productos europeos en los mercados que conforman Mercosur, ya que esta alianza no sólo fortalece las relaciones comerciales y económicas con la región, sino que además establece un marco sólido para avanzar en materia de sostenibilidad y de cooperación estratégica con la región.