El alcalde de Zurgena (Almería) y candidato del PA, Cándido Trabalón, será enjuiciado a partir del día 16 como presunto autor de un delito de prevaricación por el que la Fiscalía solicita penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por autorizar la construcción de 14 viviendas unifamiliares sobre suelo calificado como no urbanizable.   

 Fuentes judiciales ha confirmado a Europa Press que la vista oral, que se celebrará ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, se va a prolongar a lo largo de cinco sesiones. El Ministerio Público acusa además a los ediles andalucistas Manuel Tijeras y Emilia Jiménez y a los exconcejales Aniceto López, Josefa Sánchez García, Miguel Marín Ramos, que en 2007 concurrió por el PP, Juan Morales (PSOE) y José Juan Sánchez (PP) aunque ninguno de ellos se presenta a la reelección.  

  En el juicio, uno de los cuatro a los que, de momento, se enfrentan la mayoría de cargos electos implicados en el entramado urbanístico de Zurgena, se sentarán en el banquillo así mismo el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel y los tres responsables de promover la obra, los constructores Félix Nogera y Teodoro Trabalón, así como el director técnico, Pedro García Alfonso.  

  Para ellos, como administradores de las empresas Tisan Sureste SL y Tragarcía S.L., y al encargado de supervisar el proyecto, el Ministerio Público les imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por el que interesa para cada uno de ellos dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo relacionado con la construcción, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros al día.   

 Según el relato de los hechos que se recoge el escrito de acusación, ambas empresas promovieron y construyeron bajo la dirección técnica de Pedro García, quien realizó el proyecto "con conocimiento de que no era autorizables", un total de 14 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como Los Llanos del Peral sobre suelo no urbanizable.   

 El residencial se autorizó por la corporación local zurgenera, con el voto favorable de los cargos públicos acusados, en una sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2005. El acuerdo se alcanzó, sostiene el fiscal, con un informe técnico previo elaborado por Carlos Berbel, quien los emitió "a sabiendas de su injusticia". "Todos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable", concluye.   

 El acusado Félix Nogera celebró un contrato de permuta con los propietarios del terreno a cabo de cuatro de los inmuebles levantado aunque no llegó a transmitir la propiedad de ninguna de las viviendas edificadas, para las que el Ministerio Público interesa el derribo con cargo de los costes al administrador de Tisan Sureste SL.   

 Los concejales acusados, a excepción de Josefa Sánchez, en este procedimiento enfrentan otras tres penas de siete años de inhabilitación, y de entre seis y ocho meses de prisión, en sendas causas abiertas por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de tres promociones de viviendas irregulares en los parajes de El Cucador, Los Llanos del Peral y el Barranco de Los Pinos.   

Todos están, asimismo, imputados junto a otras 17 personas en la denominada operación Costurero, que se saldó en abril de 2008 con la detención del primer edil, el concejal de Urbanismo, dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos. A los dos cargos públicos, el juez instructor les atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del edil de Urbanismo, se suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.