Así lo ha decidido la Comisión parlamentaria de Economía al aprobar una enmienda transaccional pactada a partir de propuestas de CiU, PNV y PSOE sobre retribuciones a directivos de entidades rescatadas, que se incorpora así al proyecto de ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que se deriva de la reforma financiera aprobada en agosto para trasponer a la normativa española las condiciones fijadas por Bruselas para el rescate bancario.

   Esta enmienda y otra propuesta de los nacionalistas catalanes -precisando que el comisario del sindicato de "obligacionistas" de las entidades de crédito no tendrán derecho en ningún caso a asistir a los consejos de administración- han sido, junto con el medio centenar de iniciativas del PP, los únicos cambios aceptados para este proyecto de ley.

   Con el debate de apenas dos horas celebrado este lunes se da por zanjada la tramitación en la Cámara baja del proyecto, que sólo ha sido sometido al debate de convalidación del decreto del que deriva y al de la comisión parlamentaria, que apenas un cuarto de hora antes había celebrado la Ponencia para incorporar de forma definitiva las enmiendas "populares". Ahora, el texto será remitido al Senado para su sanción definitiva.  

  CiU Y PNV APOYAN AL PP

   Así las cosas, el proyecto de ley ha salido adelante con 26 votos a favor y 16 en contra, después de que los "populares" hayan conseguido que tanto los nacionalistas catalanes como los vascos lo respalden, aunque con algunas críticas. Y es que toda la oposición ha coincidido en lamentar que el Gobierno haya perdido la ocasión que ofrecía esta normativa para atajar problemas como el de las participaciones preferentes o los desahucios.   

 El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que la reforma llegue con "un retraso de tres años", lo que ha "conllevado una desconfianza tremenda y consecuencias muy negativas para la economía", como el incremento de la prima de riesgo o la falta de liquidez en la economía productiva.  

  En este sentido, ha defendido que los afectados por el "engaño" de las preferentes puedan recuperar el 100% de su inversión, que las viviendas de entidades con ayudas puedan ser destinadas a fines sociales o que se proteja fiscalmente a las cajas de ahorros con obra social. "En un momento tan complicado y sensible, y con una mayoría absoluta, agradecer que el PP se avenga a aceptar enmiendas", ha añadido.

   Pedro Azpiazu, del PNV, ha defendido asimismo la necesidad de revisar "a la baja" las "escandalosas" remuneraciones de los directivos bancarios, sobre todo cuando se abonan con dinero público; así como dar una salida a los afectados por los desahucios. "Pediría que se haga un esfuerzo para llegar a acuerdos", ha reclamado, valorando posteriormente la transaccional pese a que "es lanzar la pelota para adelante y no arreglar la situación ahora".  

  Por su parte, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reclamado al PP atender cuestiones como la depuración de responsabilidades en el "hundimiento" de algunas entidades, la revisión de las situaciones de sobreendeudamiento personal, el uso social de las viviendas o la estimación del coste y el plan de recuperación de las "ingentes cantidades de dinero público" que el sector ha recibido.

PREFERENTES, DESAHUCIOS Y TRANSPARENCIA, TEMAS PRIORITARIOS  

  El portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, ha comenzando recordando las carencias que más preocupan a los socialistas: la transparencia en la participación pública en la reestructuración financiera, la limitación de los costes de los contribuyentes, que "no está en absoluto garantizada" en la ley; el incremento de la soberanía parlamentaria y la resolución de las "funestas" consecuencias de la comercialización de productos híbridos.

   A renglón seguido, ha defendido que la CNMV discrimine entre inversores y meros ahorradores que han sido objeto de un "inmenso engaño", para que éstos puedan acogerse a un canje obligatorio del 100% del valor nominal. Y ha lamentado que el Gobierno tampoco haya aprovechado la oportunidad para solucionar el otro "gran problema" de la crisis bancaria, los desahucios.

   El exministro Jesús Caldera, por su parte, ha dicho que "no tiene sentido ni económico ni ético el comportamiento de algunos directivos bancarios" por lo que hay que "aprovechar la situación para establecer un código de conducta diferente" en relación con sus salarios.

 ATENDER TAMBIÉN A LOS CIUDADANOS   

 Alberto Garzón, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cree que las reformas financieras están siendo "muy poco útiles" y se ha quejado de que la oposición "choca contra el muro de la mayoría absoluta del PP", que ha rechazado todas las enmiendas a estas normativas.   

 El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha enmarcado la urgencia en la tramitación de la norma en "el interés de los bancos y la troika" y ha pedido que se tenga la misma prisa en atender a quienes sufren "los desmanes" del sector financiero, como las víctimas de los desahucios.  

  Por su parte, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila ha afirmado que la ley "implanta una doble expropiación a los contribuyentes: costear el saneamiento de la banca privada y la que sufrirán los ahorradores víctimas de la estafa masiva de las preferentes o miles de ciudadanos víctimas de la mala praxis de la concesión de hipotecas".

EL SECTOR TIENE UN PROBLEMA

   Por su parte, el portavoz de Economía del PP en la Cámara baja, Vicente Martínez-Pujalte, ha recordado a los grupos que ésta "no es una reforma que emane de la voluntad de cambiar el marco normativo" sino que es necesaria para hacer frente a un problema real del sector, que ha "devenido en un problema para toda la economía".  

  "No es un texto para arreglar el problema de las entidades financieras, sino para arreglar los problemas de la calle, que haya crédito. Intentamos arreglar un problema que nos encontramos, porque sin sector financiero no hay ni crecimiento, ni empleo, ni actividad económica", ha afirmado el diputado, para quien "no se puede prescindir del sector financiero ni dejar quebrar entidades".

   Además, ha defendido que hay responsables de la actual situación que están "asumiendo responsabilidades" tanto en órganos administrativos como judiciales, asegurando estar "escandalizado" por lo que el PP encontró al llegar al Gobierno, y ha criticado que "nadie haya pagado nada por su responsabilidad" mientras en La Moncloa aún estaba el PSOE, que a su juicio no tomó ninguna decisión para abordar la situación.

   Por eso, ha apostado por regular los procedimientos de reestructuración y resolución de entidades para evitar que esta crisis se repita, y ha asegurado que se está trabajando también para dar una respuesta tanto a los afectados por las preferentes como a los desahuciados. En este sentido, ha recordado que los productos híbridos se comercializaron de forma irregular en años de Zapatero, y que es "un insigne socialista" quien más "pegas está poniendo" al canje de preferentes, refiriéndose al comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

   "Y por supuesto que estamos preocupados por lo q está pasando en el mercado de las hipotecas y con los desahucios. Tomamos una medida, probablemente habrá que seguir avanzando. Y habría que exigir más a las entidades financieras, por supuesto que sí, y en esto está el Gobierno", ha zanjado.