El Pleno Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves encomendar a sus servicios de Estadística, Planificación y Análisis y de Inspección la realización de un seguimiento de la entrada en vigor de las tasas judiciales con el fin de conocer su incidencia en la actividad de los juzgados.  

  El órgano de gobierno de los jueces contesta de este modo al escrito que le fue remitido por el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, instando a este órgano a que pida a la Defensora del Pueblo o a los grupos parlamentarios la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas.  

   La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha explicado en rueda de prensa que el órgano de gobierno de los jueces no puede acceder a esta petición de la Abogacía porque de hacerlo incurriría en un "exceso competencial", ya que la presentación de un eventual recurso es competencia de las instituciones constitucionalmente legitimadas para ello, como son la Defensora del Pueblo o un grupo de 50 senadores o diputados.  

   El acuerdo se ha aprobado con el apoyo de 13 vocales, el voto en contra del consejero Antonio Dorado y una abstención, y se limita a la realización de este estudio, sin que se adopten otras medidas que impliquen a este órgano con la lucha emprendida por todos los operadores jurídicos contra la Ley isntada por el equipo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

EL CGPJ CRITICÓ EL ANTEPROYECTO

    El pasado mes de mayo, el CGPJ ya cumplió con su función mediante la aprobación del preceptivo informe sobre el Anteproyecto de Ley de Tasas cuyo contenido contenía términos muy duros contra la aplicación de estas obligaciones.   

Según Bravo, el seguimiento de la aplicación de la Ley le servirá al Consejo para cumplir con su obligación de garantizar el buen funcionamiento del servicio público de la Justicia, en el sentido de que el ciudadano "tenga esa accesibilidad a la Administración de Justicia", ha señalado.

   El escrito de Carnicer se ha sometido a discusión tras ser respaldado por un total de 6 vocales -se precisaban 5 para obligar a su inclusión en el orden del día-. Los proponentes  Félix Azón, Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez (designados a propuesta del PSOE), a los que se suman los nombrados a propuesta del PP Manuel Almenar y Pío Aguirre.   

 En su escrito, remitido al CGPJ el pasado 22 de noviembre, día de la entrada en vigor de la ley de Tasas, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se quejaba de la "extraordinariamente breve" tramitación de la Ley en las Cortes y añadía que su contenido "supone un ataque directo contra el derecho a la tutela judicial efectiva" reconocido en el artículo 24 de la Constitución.  

  Carnicer también lamentaba que para su aprobación no se tuvieran en cuenta los informes y propuestas emitidas por la Abogacía y recuerda que la institución que representa está promoviendo "cuantas acciones están a su alcance para conseguir que se declare la inconstitucionalidad" de la norma.  

  En su informe, el CGPJ señalaba que "más allá de la previsible reducción de la litigiosidad propiciada por el efecto disuasorio de la tasa, no se vislumbra cómo la proyectada reforma puede incrementar la eficacia y racionalización de la Administración de Justicia".  

  El informe recordaba también que en 1986 se erradicó de nuestro ordenamiento la tasa "entre otras razones para propiciar que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social", y que su reintroducción en 2002 tuvo un "alcance limitado", al incidir exclusivamente sobre las personas jurídicas.