El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a un total de 41 jueces durante el año pasado, lo que alcanzó a menos del 1 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial. Además, organizó 507 visitas para conocer la situación y la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales.  

  Según los datos reflejados en la Memoria que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves por unanimidad, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió un total de 952 informaciones previas durante 2010, de las cuales se derivaron sólo 47 expedientes disciplinarios, 25 menos que en el ejercicio anterior.  

  Finalizó el año con la resolución de 81 expedientes, entre ellos sólo 41 concluyeron con una sanción para los jueces y magistrados españoles. El Poder Judicial también puso en marcha un sistema de inspección remota virtual para agilizar el sistema de control.   

 La memoria anual refleja la tendencia a la "equiparación de las tasa de masculinización y feminización" en la Carrera Judicial. Si en 2008, el porcentaje de mujeres fue del 47,17 por ciento, este número creció hasta suponer un 48,35 por ciento durante 2010.   

 En concreto, el número de mujeres en los órganos unipersonales superó al de sus compañeros en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (supusieron un 65% del total), los de Primera Instancia e Instrucción (63%), de Primera Instancia (59%) y de Menores (57%) así como en los juzgados de Instrucción, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Penal (56% en cada uno de ello).   

 Además, las mujeres ocuparon el 32% de los puestos de la Audiencia Nacional y el 11,5% en el Tribunal Supremo. Las cifras revelan que la edad media de los jueces y magistrados en activo es de 46,7 años --43,3 años en el caso de las mujeres y 49,6 en el de los hombres--.  

  Un total de 9.355.526 asuntos ingresó en los órganos judiciales durante 2010, lo que supuso una reducción de un 2,2 por ciento respecto al año anterior. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha explicado en la sede de este organismo que se ha tratado de la "primera reducción" en este ámbito y ha añadido que la litigiosidad ha alcanzado los 199 asuntos por cada 1.000 habitantes.  

  En concreto, ha destacado que la "reducción más importante" se ha notado en los órdenes de lo Social y lo Contencioso-Administrativo. "La crisis está dando un cierto respiro en la Administración de Justicia", ha remarcado Bravo, que ha destacado que los jueces dictaron 1.659.195 sentencias durante el año pasado, un 2,2 más que en 2009, y dejaron más de tres millones de asuntos en trámite.

 DESCIENDEN LAS QUEJAS SOBRE JUSTICIA  

  El Poder Judicial también ha evaluado el grado de cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia y ha observado cómo el número de quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ha descendido por segundo año consecutivo, situándose en 12.982 quejas durante 2010.   

 La mayoría de las protestas (11.550) estuvieron motivadas por la lentitud en la tramitación de los procesos por la carencia de medios materiales y personales. El 17% de las reclamaciones se encontraron "plenamente justificadas" y conllevaron "alguna medida de mejora del servicio público", según Gabriela Bravo.  

  Ha añadido que existe un porcentaje "realmente inapreciable" las quejas interpuestas por la falta de protección de las víctimas del delito (fueron 36, un 0,3% del total), las vinculadas a personas discapacitadas (un total de 94) y las que denunciaron el desamparo de menores (24).

   El Registro Civil sigue siendo el servicio que más motivos de queja recibió con un total de 5.803 reclamaciones, un 37 por ciento del total. Seguidamente, los usuarios emitieron 3.678 quejas contra los órganos de lo Penal (23%) y 2.081 contra el orden Civil (13%). La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con la falta de agilidad, modernización o atención.    Por territorios, la distribución de las denuncias es similar a la observada durante 2009 aunque se aprecia un descenso del número absoluto de reclamaciones en Madrid, Cataluña, Canarias, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Islas Baleares y Andalucía.