La bancada socialista presentó una proposición de ley para modificar la Ley 20/2011 del Registro Civil, que no ha llegado a entrar en vigor dada la cantidad de recursos materiales y humanos que se requieren para poner en marcha el nuevo modelo.

La proposición de ley contempla la supresión de los juzgados que han venido ejerciendo estas funciones y su sustitución por oficinas generales de Registro Civil, a cargo de funcionarios públicos. El borrador contempla que haya una en todas las poblaciones que sean sede de la capital de un partido judicial.

El CNLAJ ha transmitido al Ministerio de Justicia su "firme oposición" a la proposición de ley "por considerarla no solo injustificada, sino también y especialmente porque resta calidad al servicio prestado por el Registro Civil poniendo en riesgo su competencia y su unidad". "Supone una transferencia encubierta del Registro Civil a las comunidades autónomas", ha afirmado en un comunicado.

El presidente del CNLAJ, Rafael Lara, ha reclamado un Registro Civil único dependiente del Ministerio de Justicia. En su opinión, "no es eficaz ni se justifica la introducción, en algunas comunidades autónomas, de funcionarios propios como encargados del Registro Civil, sin la capacitación requerida". "La mezcla de cuerpos funcionariales, autonómicos y estatales, generará problemas", por lo que "la ley no resuelve, sino que embrolla", ha aseverado.

Lara ha observado una "evidente contradicción" en el hecho de que, por un lado, las comunidades autónomas designen encargados y, por otro, se abra la "ficticia posibilidad" de participar a los Letrados de la Administración de Justicia, que son un "cuerpo nacional no transferido ni transferible, dependiente solo del Ministerio de Justicia". De esta forma, ha alertado, se habilita la idea de que compatibilicen ese puesto con sus actuales responsabilidades, mermando la eficacia de este "servicio esencial".

Así las cosas, el presidente de los Letrados de la Administración de Justicia no ha dudado al augurar que "esta situación generará disfunciones radicales, y hace concluir que la intención es 'de facto' excluir a este cuerpo nacional y encomendar el Registro Civil al ámbito autonómico, planteando una cierta transferencia encubierta del instituto del Registro Civil".

FUNCIONARIOS "BIEN PREPARADOS"

Lara ha sostenido que las oficinas del Registro Civil deben estar servidas por funcionarios que técnicamente estén bien preparados, "siendo los Letrados de la Administración de Justicia los más capacitados, formados y con mayores competencias". "Los Letrados de la Administración de Justicia aportamos seguridad jurídica y fe pública, haciendo honor a la Dirección General de la que depende el Registro Civil", ha reivindicado.

Asimismo, ha argumentado que los datos del Registro Civil único "deben estar gestionados y bajo la responsabilidad de un organigrama y estructura igualmente únicos, incluso el informático, para garantizar la integridad y seguridad de los mismos", subrayando que "no es posible que interfieran en la seguridad de los datos estructuras organizativas de administraciones territorialmente diferentes ni funcionarios que no tienen encomendada esa competencia".

En este sentido, ha considerado que la proposición de ley es de "dudosa legalidad constitucional al poner en cuestión el principio de igualdad de todos los españoles, pues otorga dudosas competencias ejecutivas a las comunidades autónomas que van más allá de la legalidad que regula la transferencia de medios", porque contravendría la organización que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre los puestos de trabajo de la Oficina Judicial.

UN MODELO DECIMONÓNICO

Con todo ello, el CNLAJ ha denunciado que la nueva organización es contraria a la idea de modernización que planteaba la reforma legal de 2011, ya que "preveía unas oficinas concentradas más eficaces y eficientes que ahora dispersa territorialmente volviendo a la filosofía de un Registro Civil del siglo XIX".

El CNLAJ también ha reprochado al grupo parlamentario socialista que "no ha tenido en cuenta el punto de vista de los agentes implicados", lamentando en concreto que "no se ha querido oír a los Letrados de la Administración de Justicia" y que se han obviado los informes técnicos necesarios para introducir en la ley "modificaciones importantes".

"El Registro Civil debe sustentarse en una ley impecable técnicamente, despolitizada, que estructure y organice los medios personales, materiales y tecnológicos. El Estado se juega mucho en la regulación del Registro Civil, que es base fundamental del ejercicio de los derechos fundamentales por los ciudadanos", ha defendido Lara.