El Comité, un órgano creado por la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para vigilar su cumplimiento, ha contestado a una carta del presidente de Prisoners Defenders y representante europeo de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Javier Larrondo, en la que denunció el caso de Ferrer.

Según estas dos organizaciones, Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre en un operativo llevado a cabo por unos 60 efectivos de las fuerzas especiales, la Policía Política y la Seguridad del Estado que irrumpieron en las tres viviendas que constituyen la sede de la UNPACU, una de ellas la de Ferrer, en Santiago de Cuba.

Ferrer fue detenido inmediatamente en presencia de su mujer y de sus hijos --un bebé de tres meses y otros tres menores de dos, 14 y 16 años-- junto a otros cuatro activistas --Fernando González, José Pupo, Ibeisi Chacón y Sandy Ramírez--. Además, el hijo de 16 años de Ferrer estuvo "retenido" en la vivienda cinco horas.

El 4 de octubre, Ferrer y otro compañero detenido, Roilán Zárraga, "tuvieron diez minutos de visita pero desde entonces especulamos dónde pueda estar", ha dicho Larrondo en declaraciones a la prensa. "No sabemos nada ni de los motivos de su detención ni de la falsa causa que les puedan estar creando ni de las torturas a las que puedan estar siendo sometidos. Absolutamente nada", ha enfatizado.

Por ello, el pasado lunes Larrondo puso el caso de Ferrer y de otros compañeros en una situación similar --Fernando González Vaillant y José Pupo-- en conocimiento de este Comité de la ONU, que le ha contestado este martes informando de que ha activado "el procedimiento de acción urgente enviando una nota al Estado parte en la cual ha expresado su grave preocupación por la integridad física y psicológica" del opositor cubano.

"El Comité requiere la acción urgente del Estado parte para que adopte todas las medidas necesarias para localizar al señor Ferrer y proteger su vida e integridad personal, de conformidad con sus obligaciones convencionales", reza la carta de la ONU.

En concreto, ha pedido a las autoridades cubanas "aclarar de inmediato la suerte y el paradero del señor Ferrer" y, si es necesario, adoptar "una estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y para la investigación de su alegada desaparición".

En el caso de que se confirme que está detenido, el Comité ha reclamado al Estado cubano "informar de forma inmediata y oficial del lugar (...) y permitir que sus allegados y representantes lo puedan visitar periódicamente", así como enviarlo ante un juez, comunicarle los delitos que se le imputen y darle acceso a un abogado.

El Comité ha subrayado la obligación de Cuba de "tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlo, para garantizar que esté bajo la protección de la ley y para permitir que sus familiares y representantes tengan contacto inmediato con él" y puedan mantenerlo si se desata un proceso judicial.

Además, ha emplazado a las autoridades cubanas a informarle antes del 12 de noviembre sobre "las medidas adoptadas en relación a cada una de las preocupaciones y recomendaciones resaltadas". "El Comité proseguirá sus esfuerzos para colaborar con el Estado parte mientras la suerte y el paradero del señor Ferrer no hayan sido esclarecidos", ha concluido.

UNA "BARBARIDAD"

Larrondo ha considerado "una maravilla que Naciones Unidas reaccione así", llamando la atención sobre el hecho de que "no es una carta de cortesía" porque Cuba, como Estado parte de dicha convención, "tiene que seguir (su contenido) tal cual".

"Naciones Unidas ha puesto en su lugar a Cuba con respecto a la barbaridad que está cometiendo con José Daniel Ferrer y sus compañeros", ha celebrado. En cuanto a estos últimos, Larrondo ha informado de que han recibido cartas "en los mismos términos" sobre Fernando González Vaillant y José Pupo y que buscan otra sobre Roilán Zárraga.

Ferrer es uno de los rostros más conocidos de la oposición cubana. Fue detenido durante la llamada Primavera Negra de 2003 por participar en el Proyecto Varela, ideado por Oswaldo Payá para conseguir por la vía de la iniciativa popular cambios legales que propiciaran una apertura política en Cuba, y condenado a 25 años de prisión.

El jefe de la UNPACU fue el último de los 75 detenidos en esa época en ser liberado. La mayoría aceptaron abandonar Cuba, hacia Estados Unidos o Europa, a cambio de su excarcelación, gracias a la mediación de la Iglesia Católica y del Gobierno español. Doce, incluido Ferrer, se negaron a aceptar lo que consideraban un exilio forzado, por lo que su salida de prisión llegó más tarde, en su caso en 2011.

Desde su "presunta liberación", "que no fue tal porque se ha realizado con la pena vigente y la amenaza constante de volver a prisión", Ferrer ha sido detenido más de cien veces aunque sin cargos, lo que arroja una media de una vez al mes desde hace ocho años, "la mayoría de forma extremadamente violenta, con golpizas brutales, amenazas y asaltos a su casa", recordó Larrondo al denunciar la detención del líder opositor.