Se trataba de la segunda vez que esta propuesta llegaba a la Cámara Baja, donde su toma en consideración fue rechazada en la Mesa del Congreso en 2018 y no llegó ni a valorarse en el pleno. La Proposición de ley para proteger el Mar Mediterráneo ante las prospecciones fue aprobado por unanimidad en 2018 por el Parlamento autonómico.

La propuesta, no obstante, excluye de su aplicación la exploración mediante adquisiciones sísmicas si es a través de "tecnologías respecto de las cuales haya quedado científicamente demostrada la completa inocuidad" y también exploraciones que tengan su concesión otorgada antes de la entrada en vigor de la ley, aunque se impide su prórroga.

Durante la defensa de la proposición legislativa autonómica todos los grupos han destacado el "enorme consenso" social, económico y político que la iniciativa cuenta en Baleares que ya hace seis años se aglutinó en el movimiento Alianza Mar Blava.

Las argumentaciones favorables más escuchadas en un inusitado clima de concordia en el pleno de la Cámara Baja se han referido al respeto a la voluntad de la sociedad balear, a la necesidad de cumplir con los Acuerdos del Clima de París, los objetivos europeos en materia de clima que pasan por descarbonizar la economía de aquí a 2050, o el interés de los jóvenes por el medio ambiente y la voluntad balear de legar un medio ambiente en buenas condiciones para las generaciones futuras.

Así, todos los grupos han anunciado su votación favorable para que la proposición de ley pueda ser tomada en consideración. La excepción ha sido Vox, que se ha abstenido y que ha manifestado que la toma en consideración de esta iniciativa legislativa es "innecesaria" ya que su objetivo será "subsumido por la Ley de transición ecológica que será aprobada, desgraciadamente, en este Parlamento" y que prevé la prohibición de las prospecciones de hidrocarburos no solo en Baleares sino en el conjunto de España.

Aunque su diputado Manuel Mestre ha enfatizado que para su grupo "un Gobierno serio" plantearía un plan de prospección "serio, controlado y monitorizado" que permitiera conocer los recursos reales de los que se dispone y evaluar los riesgos reales de esta opción energética.

El resto de grupos ha defendido la necesidad de debatir esta proposición de ley y como el diputado de Compromis, Joan Baldoví, ha defendido que permitir nuevas prospecciones solo beneficiaría a las multinacionales que acabarán quedándose con las concesiones mientras que en caso de accidente la consecuencias las sufrirían los ciudadanos, el medio ambiente y la economía, por lo que ha llamado a escuchar el "clamor social".

El PP ha coincidido en sus argumentos con el resto de grupos con voto favorable a la toma en consideración y ha celebrado que todos los partidos políticos baleares y ahora en el Congreso compartan "la misma voz", algo que ha calificado de "verdadero triunfo para la sociedad civil y que demuestra que en España se goza de una democracia en plenitud".

En la misma línea, la diputada socialista Sofía Hernández, ha celebrado que finalmente la propuesta llegue al pleno y ha defendido el "compromiso" del PSOE con la defensa de los recursos naturales y el rechazo a su explotación agresiva e insostenible pues el Gobierno "no ha esperado de brazos cruzados" a que la iniciativa volviera a tramitarse sino que ha incorporado en el proyecto de ley de cambio climático la prohibición de prospecciones en el conjunto del territorio terrestre y marino de España.

En definitiva, el texto legislativo que el pleno del Congreso ha acordado debatir propone en su artículo único que quedarán excluidas la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos u otras sustancias minerales en el medio marino del Mar Mediterráneo sobre el que el Estado español ejerza jurisdicción que alcance al menos la protección de los recursos naturales.

Igualmente, añade que quedará excluida de su espacio marino la exploración mediante adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, salvo que se utilicen tecnologías respecto de las cuales haya quedado científicamente demostrada la completa inocuidad.

Finalmente, plantea una disposición adicional por la que las exploraciones de hidrocarburos que tengan concesiones otorgadas seguirán vigentes hasta su extinción "sin que haya ninguna prórroga posible".

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