Después de haber sido rechazada ya el pasado diciembre en esta misma Cámara, PSOE, PP y CiU pactaron una enmienda para reflotarla en el Senado, que fue aprobada el 9 de febrero, devolviéndose así ligeramente modificado el texto al Congreso, que ahora lo ratifica con los votos, de nuevo, de esas tres mismas formaciones.  

  El siguiente paso de esta norma será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que se espera para esta semana, después de lo cual se procederá al desarrollo de su reglamento y a la constitución de la Comisión de Propiedad Intelectual. De esta manera, podría entrar en vigor en torno al próximo verano, según ya adelantó hace unos días la ministra Ángeles González-Sinde.  

  La propia titular de Cultura defendió, después del acuerdo alcanzado en el Senado por los tres grupos mayoritarios en enero, que el nuevo texto pactado en forma de enmienda incluía más garantías judiciales y respetaba los derechos fundamentales de todas las partes, creadores e internautas, algo que, en cualquier caso, no convenció a las asociaciones de internautas.

   Entre los puntos destacados de la norma figuran el bloqueo o cierre en un máximo de diez días de páginas webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, así como la creación de una Comisión administrativa -con funciones de mediación y arbitraje- para dirimir este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares. Desde el primer momento todo el proceso estará tutelado por un juez.  

  Por eso, toda petición de cierre o bloqueo de una web tendrá que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o rechazar la denuncia. Si se acepta, las páginas están obligadas a dar los datos para proceder a la identificación de quienes están detrás de la web en cuestión. Ahí entra en juego la Comisión, quien pedirá la retirada del contenido ilegal antes de 48 horas. Tras estos pasos, el cierre de la web requiere de nuevo autorización judicial, en caso de no haber alcanzado un acuerdo entre las partes.

   Además, en el acuerdo alcanzado en el Senado el PP logró introducir en este texto el compromiso del Gobierno de modificar el canon digital en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, después de que la Unión Europea lo declarara ilegal.

INTERNAUTAS Y ÁLEX DE LA IGLESIA   

Los internautas, siempre beligerantes con esta ley, llevan meses posicionándose en contra y expresando abiertamente su rechazo, a pesar de lo cual no han podido evitar que llegara hasta el final de su camino. En cualquier caso, han puesto en marcha incluso una campaña informativa en www.nolesvotes.com y que pide no dar el voto a PSOE, PP y CiU en las elecciones municipales del 22 de mayo.

   La polémica norma se aprueba dos días después de la entrega de los Premios Goya, donde los internautas también se dejaron ver, y escuchar, con todo tipo de improperios contra los actores y los miembros del Gobierno allí presentes. Sólo se llevó aplausos esa noche el aún presidente de la Academia de Cine, Álex de la Iglesia, para quien su intento de mediar entre las partes terminó convirtiéndole en el preferido de los internautas, pero también con su prematura dimisión al frente de dicha institución.   

En su discurso ante la ministra durante la gala del cine español, De la Iglesia afirmó que los creadores no le tienen miedo a la red, al tiempo que subrayó que "internet es la salvación" para el cine español. "El público no va al cine porque está delante de la pantalla del ordenador", destacó, para después añadir que a los internautas "no les gusta que les llame así", puesto que ellos también son "ciudadanos, son gente".