Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Europa Press y que será votado este martes en el Pleno del Congreso, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".

   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.

   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.  

  SE MANTIENE LA RETROACTIVIDAD

   Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorros que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".  

  Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera"  

 PRIMER PASO PARA UN DEBATE MÁS AMPLIO  

  El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". "Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.  

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