El texto de IU-ICV, según se encargó de explicar el diputado Gaspar Llamazares, contenía cuatro medidas fundamentales: garantizar que los parlamentarios tengan un "sueldo digno" pero también dedicación absoluta a su labor legislativa, de manera que no puedan recibir remuneración del sector privado, y que tampoco puedan cobrar a la vez de las Cortes y, por ejemplo, de su partido si desempeñan en él un cargo orgánico.

   Para velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos IU-ICV proponía reforzar el papel de la Oficina de Conflictos de Intereses, que pasaría a depender del Congreso, con el fin de que "haga cumplir la ley" y no defienda, como a su juicio ocurre ahora, los "intereses del Gobierno". También demandaba una regulación de los lobbies o grupos de presión.

   Casi todos los portavoces que intervinieron en el debate subrayaron que la inmensa mayoría de los políticos son "honrados" y están comprometidos con la actividad pública y que sólo una minoría utiliza la política para enriquecerse. "Para evitar la quinta columna, la corrupción política, hay que tomar medidas para evitar una colusión entre público y privado", defendió Llamazares.   

Durante el debate también se escucharon críticas más o menos directas al PP, cuyo líder Mariano Rajoy, reclamó el pasado sábado la supresión de las pensiones parlamentarias por considerarlas un "privilegio". Si Llamazares le negó la mayor, Aitor Esteban, del PNV, le afeó que no tenga empacho en "difundir un mala imagen de lo público" con tal de ganar "réditos electorales y un par de titulares" en la antesala de las elecciones.

   Los portavoces de PSOE y PP coincidieron en cuestionar la redacción de la iniciativa de IU-ICV, pese a que el debate se reducía a una mera admisión a trámite y el texto podría haberse cambiado si se hubiese tomado en consideración.

DEFECTOS DE FORMA

   El socialista Daniel Fernández justificó su negativa alegando que la iniciativa no servirá para "mejorar la eficacia" del sistema. No obstante, reconoció la "buena intención del texto" y aseguró que el PSOE está dispuesto a "construir nuevos consensos" también en esta materia con propuestas concretas que garanticen la "máxima transparencia y publicidad para los bienes, ingresos, renta, patrimonio y actividades de los parlamentarios y de todo que afecta a la economía de su unidad familiar".     

"Entre el privilegio y el populismo hay espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de nuestra democracia", sentenció Fernández, pidiendo a los políticos que huyan del "pecado de la vanidad" y no actúen en "la contienda cortoplacista".  

  En nombre del PP, Vicente Ferrer, se afanó en señalar que el sistema de incompatibilidades vigente garantiza suficientemente  "la adecuada separación de lo público y lo privado" y ya es "estricto". Además, acusó a IU-ICV de difundir con su iniciativa un "juicio erróneo" acerca de la labor de los parlamentarios está mediatizada por "oscuros interese privados". En cualquier caso, aseguró que el PP "no se cierra" a la revisión del sistema de incompatibilidades, siempre que se haga por acuerdo.

   CiU, a través de Jordi Xuclà, justificó su voto en contra, alegando que, si bien está de acuerdo con que no se puedan percibir a la vez dos sueldos públicos y con que se introduzcan mayores mecanismos de control sobre las incompatibiliadades, no comparte la imposición de la dedicación absoluta para los parlamentarios.   

La iniciativa de IU-ICV, que fue registrada en 2008, no estaba pensada para los casos de Aznar y González, que acaban de ser fichados por sendas compañías eléctricas, pero esta circunstancia se coló inevitablemente en la discusión.   

Así, los portavoces de CiU, PNV, ERC-IU-ICV, BNG y UPyD aprovecharon para reclamar que los ex presidentes del Gobierno que reciben remuneración por su participación en empresas privadas dejen de cobrar la pensión vitalicia que les reserva la ley por su condición de antiguos inquilinos de La Moncloa.

CAMBIARÁN DE OPINIÓN UN FIN DE SEMANA  

  Llamazares se mostró abierto a dialogar sobre si esta pensión ha de ser vitalicia o temporal, pero subrayando que "no es discutible" que puedan percibirse si a la vez se cobra del sector privado, algo "intolerable" para el BNG, "inaceptable" para el PNV e "innegociable" para Rosa Díez.   

La diputada de UPyD dijo estar convencida de que este asunto habrá de revisarse más pronto que tarde y de que quienes hoy se oponen a retocarlo "cualquier fin de semana" anunciarán que la apoyan, como ocurrió el pasado sábado cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, anunció una iniciativa para suprimir las pensiones parlamentarias. Díez pidió lo mismo en dos ocasiones el año pasado y PP y PSOE se negaron.   

Todos ellos defendieron que los ex presidentes tengan un estatus especial y cobren del Estado para "mantener la dignidad de cargo frente presiones externas", pero haciendo hincapié en que esta pensión no puede ser compatible con una retribución privada. Actualmente los ex presidentes perciben unos 80.000 euros al año en concepto de pensión.

NO SE PUEDE SER A LA VEZ EX PRESIDENTE Y LOBISTA

   "Es censurable que las relaciones de quien fue presidente del Gobierno se conviertan en un fondo de mercado y es muy criticable que los ex presidentes cobren a la vez del Estado y de empresas privatizadas", ha planteado el diputado de IU. "O se ejerce de ex presidente o se ejerce de lobista, pero no se puede ejercer de las dos cosas a un tiempo", enfatizó el peneuvita Aitor Esteban, quien, no obstante, insinuó que la pensión vitalicia para vigente podría revisarse al alza.  

  Jordi Xuclà, de CiU, también se mostró abierto a revisar la  compatibilidad de estas pensiones en supuestos como los de Aznar y González. Desde el BNG, su portavoz Francisco Jorquera, recordó que Aznar va embolsarse 200.000 euros al año de Endesa, una empresa que, además se privatizó durante su mandato, y que González se hará con 126.000 euros anuales por asesorar a Gas Natural.  

  Por su parte, los portavoces del PSOE y el PP optaron por no pronunciarse en el Pleno sobre la hipotética revisión de las condiciones para recibir la pensión de ex presidente, aunque los dos partido mayoritarios ya han dejado claro en otros ámbitos que no son partidarios de modificar la legislación vigente en este punto.