La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha sometido a debate y votación en el Pleno de la Cámara baja una moción derivada de una interpelación al ministro de Economía, Luis de Guindos, relativa a la aprobación de la dación en pago obligatoria para los bancos en lugar de confiar en sus buenas intenciones.  

  Además, la iniciativa incluía las propuestas de que las entidades financieras participadas por el FROB acepten la dación en pago y que, en el plazo de tres meses, el Gobierno presente un Proyecto de Reforma de la Legislación Hipotecaria y Mercantil.  

  Asimismo, los ecosocialistas pedían que el proceso de desahucio se haga de forma que estas familias puedan "en la medida de lo posible y en un periodo transitorio" seguir utilizando su vivienda, así como aumentar el límite de los ingresos inembargables y limitar los intereses de demora en caso de impago.

   El diputado de ICV Joan Coscubiela ha aprovechado su turno de defensa de la proposición para hacer un reconocimiento a la ayuda prestada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y ha avisado de que, "tras haber llegado hasta aquí, no van a aceptar que este asunto se cierre en falso, con falsas soluciones, placebos o triquiñuelas".

 DESCONFIANZA DE LOS BANCOS  

  Con respecto a la propuesta de Guindos de aprobar una guía de buenas prácticas para las entidades financieras en la que se incluya la posibilidad de que se acojan a la dación en pago, Coscubiela ha señalado que "si las entidades financieras quieren adoptar buenas prácticas en éste y otros asuntos, que lo hagan" pero ha criticado que "han tenido cuatro años para ponerlas en sus actividades cotidianas y han practicado lo contrario".  

  "Si quieren cambiar sus prácticas abusivas por buenas prácticas, que lo hagan, pero el Gobierno tiene la obligación constitucional de impulsar políticas que generen derechos y obligaciones", ha recordado el diputado, criticando por último que el impago por parte de los ciudadanos suponga una "losa que pesa de por vida" al tener que responder con todos sus bienes "presentes y futuros" mientras a las inmobiliarias sí se les saldan las cuentas con la entrega de los pisos.

APOYO SOCIALISTA  

  Los socialistas han votado a favor de la propuesta porque, a su juicio, es necesario acometer un fenómeno que, "si antes era una enfermedad rara, ahora es una verdadera epidemia" que podría ir "claramente a peor", según ha valorado el diputado Antonio Hurtado, que ha reclamado una moratoria de dos años para las ejecuciones hipotecarias y la suspensión de todos los embargos y desahucios mientras se aborda la situación.  

  "Tenemos que abordar este drama humano y social desde la seriedad, el rigor y la objetividad. Es fácil caer en la demagogia y en los cantos de sirena en este tema", ha alertado, pidiendo también que se trabaje por "rehabilitar a los insolventes" para evitar que "caigan en la marginación y la economía sumergida".

   Asimismo, el diputado socialista ha reclamado que se aborde la "prevención de la enfermedad", avanzando que su grupo presentará un proyecto no de ley de insolvencia personal que "regule cómo evitar que la gente caiga en la insolvencia y cómo exigir que las entidades bancarias compartan los riesgos para que no caigan sólo en el ciudadano".  

  Los grupos de PNV y Geroa Bai también han apoyado la propuesta de ICV, y la diputada Uxue Barkos ha recordado que diariamente hay 300 desahucios en España, lo que además de la pérdida de la vivienda también deja desprotegido al ciudadano, que "pierde el padrón y, con él, los derechos sanitarios y de escolarización".  

  Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, se ha lamentado de que los últimos gobiernos "no han hecho nada" por ayudar a los afectados por esta situación porque "sólo protege y ampara a las entidades financieras"; y Ana Oramas (CC) ha considerado que "no es aceptable que los más vulnerables sufran una condena de por vida por unas cláusulas hipotecarias que no es su responsabilidad no haber podido cumplir".

 EN CONTRA   

 Frente a esos apoyos, la propuesta de la Izquierda Plural ha tenido los votos contrarios de PP, FAC y UPN. Así, el portavoz adjunto de la formación magenta, Carlos Martínez Gorriarán, ha dicho que, aun compartiendo "muchos objetivos" de la moción, no están de acuerdo con los detalles de la misma, y ha avanzado que su grupo presentará una iniciativa la próxima semana a este respecto.   

 Además, ha defendido que "hacen falta cambios legales importantes para modificar la situación actual e impedir que las consecuencias de la burbuja inmobiliaria redunden en más exclusión social" pero ha alertado contra el daño a la "seguridad jurídica" que podría suponer la dación en pago para las relaciones comerciales entre particulares.  

  CiU, por su parte, ha pedido una reforma de la Ley Concursal para aplicar a las personas físicas una legislación similar a la que disfrutan las personas jurídicas, que cuando se declaran en concurso voluntario fortuito por una situación de "insolvencia sobrevenida" responden únicamente con sus bienes presentes y quedan exonerados de cualquier otra deuda.  

  Asimismo, los nacionalistas catalanes han exigido también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar cláusulas abusivas y para modificar la regulación de ingresos inembargables; así como una nueva la Ley de Endeudamiento Responsable que busque evitar el sobreendeudamiento privado.

 YA SE ESTAMOS TRABAJANDO

   Finalmente, el partido que sustenta al Gobierno ha reprochado a los proponentes que crean ser los únicos que se preocupan por este asunto, y han defendido que "el PP también está trabajando para solucionar de forma equitativa y eficaz el problema que sufren estas familias".

   Así, los "populares" se han comprometido a "abordar de forma urgente medidas justas para tratar esta situación" pero huyendo de "planteamientos demagógicos y extremos que podrían llevar a afrontar problemas aún mayores" en el futuro.

   Y es que, según los "populares", aceptar la dación en pago podría derivar en "un mayor riesgo de recuperación, lo que conduciría a un reajuste de equilibrio entre las partes lo que, lejos de facilitar la accesibilidad al mercado hipotecario, lo dificultaría porque se pasaría por una reducción del plazo total para la amortización del préstamo o por la disminución de la cuantía del principal prestado, o el incremento de los diferenciales sobre los tipos de referencia; y, seguramente, por la pérdida de acceso al crédito hipotecario de los colectivos con menores recursos".