El Grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr y encargado de la ampliación del Canal de Panamá, ha solicitado un plazo adicional de un año y cuatro meses para acabar las obras, sobre la fecha de octubre de 2014 fijada en el contrato, en las reclamaciones presentadas a la Autoridad del Canal por los sobrecostes que asegura acumula el proyecto, que cifra en 1.625 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros).

   Esta extensión del plazo de ejecución de la ampliación del Canal, que llevaría su conclusión a 2016, "aún no se ha obtenido, estando en proceso de reclamación", según explica Sacyr en respuesta a un requerimiento de información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   No obstante, indica que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha admitido el "retraso estimado" en el último programa de ejecución de obras presentado por el consorcio, que lo cifra en 220 días, esto es, lo sitúa en junio de 2015.

   "En definitiva, la evolución de los trabajos apuntan a que la obra finalizará con posterioridad a la fecha oficial (octubre de 2014), pero con anterioridad al plazo adicional que el consorcio justifica en sus reclamaciones", señala Sacyr en la respuesta remitida al supervisor del mercado, con fecha del 10 de enero, en la que destaca las "medidas de aceleración" de la obra que el consorcio ha puesto en marcha: "más inversión, más equipos y más personal".

   En la información remitida a la CNMV, Sacyr detalla que ha aportado "fianzas y garantías" al proyecto por un importe total de 573,9 millones de dólares (unos 422 millones de euros), tal como adelanta El País en su edición de este sábado.

   En su demanda de información, con fecha del 3 de enero, el supervisor del mercado bursátil español solicita a la constructora española, que lidera el consorcio que ejecuta las obras del Canal con una participación del 48%, una "actualización" de la situación del proyecto.

   Así, la compañía que preside Manuel Manrique detalla y argumenta todas las reclamaciones por sobrecostes que el Grupo Unidos por el Canal ha planteado a la Autoridad del Canal por un total de 1.200 millones de euros.

   De la información se desprende que la primera reclamación se presentó en marzo de 2010, apenas ocho meses después de adjudicarse el contrato, y que una de ellas ha sido ya elevada al tribunal de arbitraje de Miami tras ser rechazada pro la Autoridad del Canal y por la Junta de Resolución de Disputas del contrato.

PRINCIPALES RECLAMACIONES.

   La principal reclamación es la relacionada a los problemas surgidos en el diseño del proyecto y la definición del hormigón a utilizar. El consorcio calcula que ello ha generado un sobrecoste de 880 millones de dólares (unos 647 millones de euros) y ha causado retrasos en la ejecución de los trabajos de 150 días.

   Asimismo, Sacyr indica que la imposibilidad de utilizar el basalto resultante de las excavaciones para fabricar el hormigón de las nuevas esclusas, en contra de lo indicado en los pliegos del contrato, ha supuesto un sobrecoste de 497 millones de dólares (unos 365 millones de euros). Los problemas surgidos en la construcción de una presa provisional previa a las excavaciones por el lado del Pacífico ha ocasionado un encarecimiento adicional de 120 millones de dólares (88 millones de euros) y un retraso de 120 días.

   Sacyr indica que los sobrecostes surgen de "situaciones tras el comienzo de la obra, donde se comprobó la inexactitud de la información proporcionada al consorcio", y que este grupo ha presentado reclamaciones "objetivas y cuantificadas", mientras que la ACP se niega sistemáticamente a todas ellas en primera instancia y tras un periodo de análisis que sirve para consumir tiempo".

   No obstante, la constructora revela que la Autoridad del Canal "efectuó junto a expertos internacionales en marzo de 2013 una auditoría de los sobrecostes de ejecución de obra y comprobó que los mismos son reales, razonables y acordes con el mercado". Además, subraya que la ACP "tiene mecanismos previstas en el contrato para hacer frente a los imprevistos".

"DIÁLOGO CONSTRUCTIVO".

   Del lado del consorcio, Sacyr indica que el grupo de empresas "ha instado a la Autoridad panameña en los últimos cinco meses a un diálogo constructivo a fin de solucionar la crisis advertida por el consorcio" y asegura mantener esta "misma disposición".

   "La situación advertida hace meses y conocida por la ACP ha llegado a un punto crítico, a pesar de lo cual el consorcio mantiene su compromiso de buscar soluciones con el cliente para concluir la obra", indica la constructora española a la CNMV.

   Sacyr concluye recordando que "actualmente se llevan a cabo estas negociaciones". "Esperamos que den fruto antes del vencimiento del plazo de preaviso de suspensión de los trabajos", indica en relación a la advertencia que el consorcio realizó el pasado 30 de diciembre sobre la paralización de los trabajos el próximo 20 de enero en caso de que la ACP no contribuya en la solución de los problemas de liquidez y sobrecostes que asegura acumula el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.