La sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida "no es un derecho humano", ha sido emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.

Concretamente, la sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigor del actual texto constitucional, es decir, el año 2009.

Evo Morales ha denunciado que se trata de una "sentencia política" parte del "plan negro" del Gobierno de Luis Arce. "La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana", ha publicado Morales en redes sociales.

Esta sentencia "teleológica" se produce dos días antes de que concluya el mandato de seis años de los magistrados, aunque para Morales son el "TCP autoprorrogado". Además, recuerda que siendo diputado hace casi 22 años fue expulsado del Parlamento. Desde entonces "los neoliberales" buscan "proscribir" su partido y hasta eliminarlo política y físicamente. "Ningún miedo. ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!", ha remachado Morales.

Contrarios al exmandatario como la también expresidenta Jeanine Añez han aplaudido un dictamen que "pone punto final al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre", ha hecho saber en su cuenta de la red social X.

Para el dirigente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la sentencia confirma que "Evo Morales y García Linera violaron la Constitución, las normas internacionales, las leyes y la decisión del pueblo cuando impusieron su candidatura en 2019".

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también ha valorado la sentencia como un impedimento para que ningún "aprendiz de tirano pisotee el voto o desconozca un referendo acabe haciendo fraude con la sola intención de perpetuarse en el poder".

Áñez, cabe recordar, está acusada de terrorismo al proclamarse presidenta de Bolivia sin el consenso ni la presencia mínima de legisladores poco después de la renuncia de Morales, que abandonó el cargo en 2019 en medio de una fuerte crisis social y mientras sectores de la Policía y el Ejército orquestaban un motín en su contra.

Camacho, por su parte y por esta misma crisis, está acusado de terrorismo, financiamiento del terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictiva y uso indebido de deberes y servicios públicos.