Domingo, 24 de noviembre de 2024

El Ministerio Público afirma que sus acciones no contradicen la autoridad del TSE y están amparadas por la ley

El Constitucional de Guatemala envía al Supremo el amparo del TSE contra registros de la Fiscalía

Los magistrados han decidido enviarlo al Supremo "por competencia" con el fin de que se designe una sala de apelaciones, ya que el amparo se ha presentado en contra de la decisión del juez séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, que permitió los registros.

Esta decisión ha tenido lugar después de que la máxima autoridad electoral presentara una acción de amparo por los registros que llevados a cabo en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en el que los funcionarios abrieron actas y se pusieron a contar algunas papeletas.

La Fiscalía, por su parte, ha lanzado un comunicado en el que explica que sus acciones no solo no contradicen la autoridad del TSE ni alteran la custodia del voto, sino que están amparadas por el Código Penal del país.

"Las diligencias que se están llevando a cabo, habiendo finalizado la elección, no representan recuentos de votos, alteraciones de votos ni cuestionamientos a los resultados electorales y tampoco se está violentando la voluntad popular como terceras personas han pronunciado", ha aclarado en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

En ese sentido, la Fiscalía ha afirmado que, al haber cumplido las órdenes de un juez, no se ha roto el orden constitucional y que las investigaciones "continuarán su curso".

Por último, ha remarcado su labor como "pilar fundamental para mantener la democracia y garantizar el cumplimiento fiel de las funciones" de cada institución del Estado.

La Fiscalía de Guatemala lanzó este martes una nueva operación en instalaciones del TSE, en pleno litigio político y judicial por la consolidación de los resultados de los últimos comicios presidenciales, en los que obtuvo el triunfo el izquierdista Bernardo Arévalo.

Tras este registro, Arévalo anunció la suspensión temporal de su participación en el proceso de transición con el mandatario saliente, Alejandro Giammattei, y exigió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.

Desde que Semilla consiguiera unos resultados sorprendentes --en comparación con lo que auguraban los sondeos-- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.


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