El diálogo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) camina hacia el precipicio justo cuando se cumplen dos años de su arranque, debido a la decisión de la guerrilla de reanudar los secuestros de militares, que ha desinflado la expectativa de llegar el próximo año a un acuerdo de paz que acabe de una vez por todas con el conflicto armado más longevo del mundo occidental.

   El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha ordenado "suspender" las negociaciones en La Habana "hasta tanto no se aclare" el secuestro del general Rubén Darío Álzate, junto a un cabo y una funcionaria civil, en el departamento de Chocó (noroeste), y el de otros dos soldados en Arauca (noreste), ambos atribuidos a las FARC.

   El Gobierno considera que estas acciones violan la firme promesa que el Secretariado de las FARC hizo a principios de 2012, como paso necesario hacia el inicio de un eventual diálogo de paz, de renunciar al secuestro de ciudadanos colombianos con fines extorsivos, que constituía una de sus principales fuentes de financiación.

   Aunque el Secretariado de las FARC no aludió directamente a los miembros de las fuerzas de seguridad, al mismo tiempo anunció la liberación de los seis uniformados que aún tenía en su poder y desde entonces la guerrilla no había vuelto a capturar ni civiles ni militares.

   Así, estos últimos secuestros suponen un duro revés para el diálogo de paz y, en concreto, para Santos, que esta misma semana había urgido a las FARC a "demostrar su voluntad de paz" acelerando las negociaciones en La Habana "para avanzar más rápido y evitar más muertes y más sufrimiento".

   Incluso Santos, que a lo largo de estos dos años se ha negado a jugar con "fechas fatales", había apuntado estos días a 2015 como "el año de la paz", admitiendo que más allá de esta fecha sería difícil mantener el diálogo debido a la "impaciencia" de la sociedad colombiana por zanjar el conflicto.

OBSTÁCULOS A LA PAZ

   Pero la reanudación de los secuestros de militares no es la única traba al proceso de paz. Uno de los principales baches que las partes han tenido que sortear en estos dos años ha sido la continuidad de los combates en suelo colombiano mientras las delegaciones de Gobierno y FARC negocian la paz en La Habana.

   La guerrilla ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de que la lucha armada se suspenda para favorecer las conversaciones de paz y ha accedido a declarar hasta tres treguas unilaterales: dos por las fiestas navideñas de 2012 y 2013 y otra con motivo de las elecciones presidenciales de este año.

   Sin embargo, el Gobierno se ha negado tajantemente a cesar su ofensiva contra las FARC. "La orden a las Fuerzas Militares y a la Policía es arreciar, no bajar la guardia hasta que lleguemos a los acuerdos finales", ha dicho Santos recientemente.

   El presidente ha argumentado que un alto el fuego bilateral serviría para fortalecer a las FARC, tal y como pasó en el último proceso de paz en Colombia, cuando el Gobierno de Andrés Pastrana creó una zona de distensión que permitió a los guerrilleros renovar sus fuerzas estando a salvo de militares y policías.

   Otro de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado el proceso de paz en estos dos años es el espionaje, al parecer, orquestado por el partido político del ex presidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, y ejecutado por Inteligencia Militar en instalaciones secretas del Ejército en Bogotá.

   Según las primeras investigaciones, que se basan en las declaraciones del ex 'hacker' Andrés Sepúlveda, el espionaje se dirigió contra "todo lo que oliera a favor del proceso de paz" y cristalizó en la interceptación de las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno y las FARC e incluso de Santos.

DIFERENCIAS ESENCIALES

   Otra barrera son las enormes diferencias que existen entre el Gobierno y las FARC sobre la forma de ratificar los acuerdos de paz. Mientras que el Ejecutivo es partidario de celebrar una consulta popular, la guerrilla insiste en la necesidad de convocar una Asamblea Constitucional para incluir estos pactos en la Carta Magna y blindar así la paz en Colombia.

   Ejecutivo y guerrilla disienten también en el llamado Marco Jurídico para la Paz, un instrumento legislativo aprobado el 14 de junio de 2012 por el Congreso, y ratificado el pasado 25 de julio por la Corte Constitucional, que diseña la "justicia transicional" para la época del postconflicto.

   Las FARC argumentan que este Marco Jurídico para la Paz es una imposición del Gobierno, que "una vez más ha pasado por alto que existe una contraparte en la guerra", y en este sentido recuerdan que el reconocimiento de la existencia de un conflicto implica que "las normas del Derecho Humanitario se aplican a ambos por igual".

   Las críticas al Marco Jurídico para la Paz no se agotan en las FARC, ya que establece "un tratamiento penal especial" que permitirá al Estado seleccionar qué delitos juzga y cuáles no y, en caso de hacerlo, conmutar e incluso suspender las penas impuestas, evitando que algunos guerrilleros lleguen a entrar en prisión.

   Esta nueva previsión constitucional ha suscitado las críticas de la oposición y de la Procuraduría General de Colombia, que advierten de que con ello algunos guerrilleros con crímenes de sangre podrían librarse de la cárcel, pero también del Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha adelantado que no permitirá que haya impunidad con los crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

AVANCES HISTÓRICOS

   A pesar de estas dificultades, el actual proceso de paz es el que mayores expectativas ha generado por los pasos históricos que se han dado, tanto por parte del Gobierno como de las FARC, y que lo diferencian de los cuatro anteriores intentados por todos los Ejecutivos, a excepción de los de Ernesto Samper y Álvaro Uribe.

   Uno de los mayores hitos de este proceso de paz es el reconocimiento por parte del Gobierno de la existencia de un conflicto interno y, por parte de las FARC, de su responsabilidad por los actos de guerra cometidos en el marco de su lucha armada, admitiendo que han afectado a la población civil.

   Sin embargo, aún queda que el Ejecutivo reconozca "su maquinaria de guerra" y que la guerrilla pida perdón a las víctimas, algo que, según ha informado la prensa colombiana, han hecho algunos insurgentes con las víctimas que han acudido a La Habana, pero que todavía no se ha hecho de forma oficial.

   Además, por primera vez las víctimas han podido expresar su opinión a Gobierno y FARC en el marco de un proceso de paz. Varias delegaciones de víctimas han viajado a la capital cubana para ilustrar a ambas delegaciones durante la discusión del punto que se refiere al reconocimiento y la reparación a las víctimas.

   También por primera vez altos cargos militares y comandantes de las FARC se han sentado a negociar el fin del conflicto. En una mesa de conversaciones paralela a la oficial, discuten temas como un alto el fuego bilateral y la entrega de las armas, con el objetivo de que el 'ala dura' de uniformados y guerrilleros ratifique el eventual acuerdo de paz.

60 AÑOS DE LUCHA ARMADA

   De superar el actual 'impasse', un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC sería clave para poner fin a un conflicto interno cuyos principales actores son las FARC, la guerrilla más grande del país, con unos 8.000 combatientes, y las fuerzas del Estado.

   Desde 1964, las FARC y los uniformados colombianos se enfrentan en una guerra abierta en las zonas rurales, que esporádicamente ha saltado a los núcleos urbanos e incluso a países vecinos donde la guerrilla tiene con campamentos.

   En estos 60 años de lucha armada de las FARC, más de 200.000 personas han muerto a causa del conflicto interno. Sin embargo, el número total de víctimas es mucho mayor: siete millones, de acuerdo con el registro oficial del Gobierno.

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