Asimismo, Ejecutivo dará luz verde al Proyecto de Ley de Medidas para Flexibilizar el Alquiler, presentado por el Ministerio de Fomento el pasado 11 de mayo y que persigue "mejorar la seguridad jurídica" de arrendadores y arrendatarios, según han confirmado a Europa Press fuentes de La Moncloa.

   Con esta normativa, que modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Enjuiciamiento Civil se permitirá, entre otras cosas, agilizar los desahucios en caso de impago sin más exigencias para el arrendador que un requerimiento notarial o judicial previo y sin necesidad de sentencia. Acto seguido se podrá ordenar la restitución del inmueble al propietario.

   Además, según informó la titular del ramo, Ana Pastor, el pasado 11 de mayo, la nueva regulación también creará un procedimiento judicial acelerado para que, en un plazo de diez días, se proceda al pago de la renta debida, y se simplificarán los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, lo que duplicará la capacidad de los juzgados. 

  En la misma línea, también se facilita al arrendador la recuperación de su propiedad para usarla como vivienda habitual tras un año de contrato, con la mera notificación dos meses antes al inquilino.

   La nueva normativa reducirá asimismo a la mitad las prórrogas de los contratos de arrendamiento, que pasarán de cinco a tres en los casos forzosos y de tres a un año en las prórrogas tácitas. De esta forma, sólo se amparará a los arrendatarios cuatro años, en vez de ocho. 

  Por otro lado hoy se conocerán los detalles del Plan Prepara, que aumenta a 450 euros la ayuda a parados con familiares a su cargo. Para el resto de desempleados, la ayuda se mantiene en 400 euros al mes, durante un máximo de seis meses, aunque el Gobierno podría dejar fuera de esta subvención a quienes tienen un cierto colchón familiar. 

  Hace unos días, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, denunciaba que esta ayuda estaba llegando a jóvenes que vivían en casa de sus padres sin valorarse el nivel económico de la familia.

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó el miércoles que "está viendo" esta cuestión (este jueves se ha reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos), porque la intención del Ejecutivo es que los 400 ó 450 euros -según los casos- llegue realmente a quienes más lo necesitan. 

  Sáenz de Santamaría ha dicho además que se están analizando los supuestos en que la ayuda de 400 euros mensuales a parados sin ingresos puede ser cubierta por otro tipo de ayuda, evitando así que pueda haber solapamientos.

LA REFORMA FINANCIERA, LA PRÓXIMA SEMANA. 

  El Gobierno no aprobará hoy finalmente la nueva reforma financiera, la tercera desde que el Partido Popular está en el poder, sino que esperará al Consejo de Ministros del 31 de agosto, según señalaron fuentes gubernamentales a Europa Press.

   Con este cambio, el Ejecutivo pretende adaptar el Memorando de Entendimiento pactado con la UE y cerrar la reestructuración financiera, un proceso que inició el Partido Socialista en su última etapa del Gobierno y que no acaba de despejar las dudas de los mercados sobre el sistema financiero español.

   En este caso, el cambio permitirá al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) liquidar entidades no viables, así como requerir el cese y sustitución de gestores de bancos para evitar su deterioro. 

  La reforma incluye además una solución para los tenedores de participaciones preferentes o subordinadas de las entidades que han recibido ayudas públicas o han sido intervenidas, aunque los inversores tendrán que asumir una quita, ya que el canje se hará teniendo en cuenta el valor de mercado de estos productos. 

  De la misma forma, el cambio intentará evitar escándalos de este tipo en el futuro fijando un valor mínimo de 100.000 euros para las emisiones de sociedades no cotizadas de este tipo de productos, lo que deja fuera a casi todos los inversores particulares.

   Asimismo, establece que la oferta debe contar con un tramo exclusivamente dirigido a clientes profesionales de al menos el 50% del total y eleva los requisitos de información por parte de las entidades para que los inversores sepan lo que compran. 

  La nueva reforma introduce también algunos cambios que afectan a reformas anteriores, como la limitación del sueldo máximo de los banqueros de entidades que hayan recibido ayudas a 500.000 euros.

   Finalmente, la reforma tiene que permitir la puesta en marcha del banco malo para transferir los activos tóxicos vinculados al ladrillo de las entidades que han recibido ayudas.