Estos datos confirman que el Ejército mexicano tenía información no revelada desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que no fueron entregados pese a haber un decreto presidencial de 2018 que obligaba a ello.

En las conversaciones, un comandante de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y el jefe regional del grupo criminal Guerreros Unidos, Gilberto N., alias 'El Gil', narran el secuestro y los movimientos de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En el primer documento, el policía explica que tienen a varios "ayotzinapos" detenidos y 'El Gil' le pide que le "pase algunos" y que los recogerá por el camino a Pueblo Viejo. "Ok, son 21 personas en el autobús que va a salir", responde el agente. "Ya los suelto, pónganse pilas los de las camas", añade. El policía asegura que tiene otros 17 en "la cueva" y 'El Gil' le responde: "sí, entrégame todos los detenidos".

La segunda conversación, fechada el 4 de octubre, es entre Alejandro Palacios, alias 'Cholo' Palacios, y Ramón, a quien posible policía del municipio de Tepecoacuilco, Guerrero.

'El Cholo' dice que acaban de encontrar una fosa clandestina en Pueblo Viejo y Ramón responde: "Algún 28 abrió la boca". 'El Cholo' menciona entonces que a 'El Gil' ya le encontraron todas sus fosas y Ramón asiente: "Sí, eso estoy viendo".

Ramón agrega: "Y ayer te comenté que le pedían línea a Gil. Querían que les soltaran, aunque sea a 10 como estuvieran para que se calmara un poco". Más adelante, dice: "Cholo, ¿dónde lo tienes?", y Ramón responde: "En una cueva. Pero si hay una cueva por aquí. Pues están reventando todas las cazuelas".

Tras la difusión de estas transcripciones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones que acompaña en la representación jurídica a los familiares de los 43 'normalistas' desaparecidos en Iguala ha señalado que como integrantes de la Comisión no apoyaron la publicación por suponer un "riesgo" al ser una investigación aún abierta.

Sin embargo, ha destacado que esta información confirma "que el Ejército ocultó información desde 2014 y que siguió administrándola después de que, por decreto presidencial, se le impusiera en diciembre de 2018 la obligación de entregar a las autoridades civiles todos los elementos que tuviera sobre el particular".

"Se trata de intervenciones ilegales de comunicación llevadas a cabo por el Ejército, se debe aclarar cabalmente el origen de las mismas", ha añadido el Centro de Derechos Humanos.

Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.

La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.