Para ello ha pedido que se le aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario por el que podría salir varias horas todos los días menos los fines de semana. No obstante, el Ministerio del Interior se ha opuesto a esta posibilidad, según han informado a Europa Press fuentes penitenciarias. La Audiencia Nacional tendrá la última palabra.

   García Corporales, alias "Gitanillo" o "Legionario" nació en León y se integró en ETA formando parte del "comando Madrid" de la organización criminal a principios de la década de los 90 junto a otros terroristas veteranos como María Soledad Iparraguirre, "Anboto" y José Javier Arizcuren Ruiz "Kantauri". A este comandó se le atribuyó, entre otras acciones, el coche bomba colocado el 17 de octubre de 1991 en el barrio madrileño de Aluche.  

  La explosión del artefacto alcanzó a Irene Villa, doce años de edad, y a su madre cuando iban de camino al colegio. La niña perdió las dos piernas y tres dedos de una mano. Pero el caso prescribió en el año 2011 sin una sentencia firme que pudiese acreditar los autores de este atentado. Irene Villa ahora es periodista de profesión está casada y tiene un hijo. Asegura haber perdonado a los responsables de aquel crimen.   

     Actualmente, Josu García Corporales, de 53 años, cumple condena en la prisión de Zaballa (Álava) y es uno de los disidentes de ETA más representativos de la ola de deserciones que sufrió la banda en los años previos a su anuncio del cese definitivo de la violencia.  

  De hecho, Corporales escribió textos en los que reconocía el "fracaso" de la banda y criticaba "enérgicamente" atentados como el cometido contra la casa-cuartel de Burgos en julio de 2009. "Pido perdón a todas las víctimas por el dolor y el sufrimiento que he provocado con mis acciones", llegó a dejar escrito este preso que el pasado marzo cumplió las 3/4 partes de su condena que finalizaría definitivamente en 2018.         

        ACUMULA 11 PERMISOS PENITENCIARIOS

   Clasificado en el segundo grado penitenciario, en los últimos años ha disfrutado de hasta 11 permisos ordinarios de salida de prisión así como de varias salidas programadas. Ahora ha pedido la aplicación de este 100.2 del que ya disfrutan otros presos históricos en su misma situación como José Luis Álvarez Santacristina, alias "Txelis", quien sale a diario de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa) para dar clases como profesor.

   Según las fuentes consultadas, Corporales pidió el 100.2 el año pasado y su solicitud contó con la oposición de la Junta de Tratamiento de la prisión de Zaballa, que emitió un informe en contra el 3 de octubre de 2012. Esta posición fue refrendada luego por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en otro informe con fecha del 11 de diciembre de 2012.  

  Ahora la decisión final dependerá del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que el pasado 18 de enero recibió el recurso de la defensa de Corporales contra la decisión de Interior de rechazar su petición de salir para trabajar.

445.000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN

   Las fuentes consultadas apuntan que a su favor el preso tiene su evolución en prisión, su desvinculación de la banda, su comportamiento en los permisos concedidos, sus escritos y aspectos concretos como haber pagado el 60 por ciento de los 445.000 euros en concepto de responsabilidad civil derivada de sus atentados. En su contra juegan su larga condena y sobre todo el hecho de que el lugar al que quiere ir a trabajar a diario es otro país.

   Con este caso, el Ministerio del Interior vuelve a negarse a conceder beneficios penitenciarios a los presos de la banda, incluso aquellos que se encuentran desvinculados de la organización y que en su día se acogieron a la denominada "Vía Nanclares". En los últimos meses, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se ha opuesto ya a dos terceros grados y dos 100.2 para presos en esta situación y recluidos en la prisión alavesa de Zaballa.

   Al ser preguntado por esta cuestión, Fernández Díaz rechaza la Vía Nanclares como algo que no estaba tipificado por ninguna norma y defiende el plan de reinserción individualizada de presos terroristas anunciado hace más de un año y al que no se ha sumado ningún interno. Justifica esta medida en que es un mandato Constitucional favorecer la reinserción de los reclusos.