Rubio, que en la actualidad es agregado del Ministerio del Interior en Moscú (Rusia), ha sido citado por el juez instructor después de que su subordinado José C. declarara el pasado martes que el jefe del equipo conjunto de investigación, Carlos G., intentó borrar la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosua, le reconocía a su yerno, Carmelo Luquin, que había recibido un soplo de la policía.  

  José C., que ocupaba cuando se produjo el chivatazo el puesto de comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) del Cuerpo Nacional de Policía, ratificó ante el juez el informe en el que defendía que el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión etarra "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre".

   En la conversación, que se produjo el 4 de mayo de 2006, día del chivatazo, Elosúa indicaba a su cuñado que una persona que había entrado en su bar sin identificarse le había advertido que le seguían y que sabían que el día anterior había mantenido una reunión en una sidrería de Oiartzun (Guipúzcoa).

   Según Elosúa, el autor del chivatazo le dijo que la policía era consciente de que iba a entregar "nueve botellas de vino", que los investigadores relacionan con entregas del impuesto revolucionario, que "se las guardara" para "no fastidiar todo el proceso" y que, si cruzaba la frontera, se iba a producir la detención del enlace de ETA, José Antonio Cau Aldanur.   

José C., que declaró durante más de una hora y media, apuntó que, además de intentar destruir esta prueba, el jefe del equipo conjunto de investigación le aseguró que, si se producían las detenciones, él y sus hombres --tres o cuatro de los cuales se encontraban en las inmediaciones del bar Faisán-- iban a ser "crucificados".  

  También ha asegurado que Carlos G. y su equipo --y no los miembros de la Brigada Provincial de San Sebastián-- controlaron en todo momento tanto la baliza que se había colocado en el coche de Elosúa para registrar sus llamadas como la cámara que grabó los movimientos que se registraron en la puerta del establecimiento, y que registra varios cortes, según fuentes de la defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, que se encuentra imputado en la causa junto al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y un inspector de Álava.

INICIATIVAS DE LAS ACUSACIONES

   Además, las asociaciones de víctimas del terrorismo que ejercen la acción popular en esta causa han presentado este jueves en el Juzgado Central de Instrucción número 5 sendos escritos para intentar que se practiquen nuevas diligencias en la investigación.

   Dignidad y Justicia (DyJ) ha registrado este jueves un recurso contra el auto del juez Ruz en el que rechazaba llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, para preguntarle por las llamadas que intercambió con dos de los tres imputados antes y después del chivatazo, al considerar que su testimonio "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos.

   El juez ordenó la identificación de los tres teléfonos, que estaban asignados a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, después de constatar que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de la Policía en el País Vasco. En la resolución, Ruz ponía de relieve "la irrelevancia del tráfico de llamadas" investigado, que se podía achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantenía con sus interlocutores.

   En su recurso DyJ sostiene la necesidad de investigar el contenido de las llamadas porque se produjeron antes y después del chivatazo y se pregunta por qué Camacho utilizó "un teléfono de seguridad" si las conversaciones no resultaron relevantes. De igual modo, la asociación se pregunta si estas llamadas se repitieron en junio de 2006, cuando se produjeron las detenciones de las personas relacionadas con el aparato de extorsión.

DECLARACIÓN DE CARLOS G.  

  Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reclamado que Carlos G. vuelva a declarar en calidad de testigo para confrontar su versión con la ofrecida por José C., según informaron fuentes de este colectivo.  

   La Fiscalía, mientras tanto, se plantea pedir nuevas diligencias una vez que el juez le dé traslado de las peticiones que vayan realizando las acusaciones populares, según fuentes del Ministerio Público consultadas por Europa Press.

   En la causa están imputados por los delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez) el ex director general de Policía y dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava.

   El magistrado, además, ha solicitado al equipo de investigación que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se grabaron los movimientos registrados en la puerta del bar Faisán, así como una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y la identificación de "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.