Foro, PP, IU y UPyD han decidido, en contra de la postura del PSOE, en señalar al expresidente del Principado y actual senador socialista, Vicente Álvarez Areces, responsable político del mayor escándalo de corrupción en el seno del Gobierno regional bautizado como Caso Marea.

   Tras la reunión de la comisión de este miércoles, los partidos, excepto el PSOE, entienden que también tienen responsabilidades políticas los consejeros implicados, como es el caso de el de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; la de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, el director de promoción cultural, Carlos Madera, los altos cargos y la jefa de servicio Marta Renedo.

   El portavoz del PSOE en la Junta General, Fernando Lastra, ha expresado que existe un ámbito para exigir responsabilidades, que es el judicial y otro para hacer propuestas que mejoren el funcionamiento de la administración.

   "La comisión se está alejando de los objeibos y busca otros distintitos, y hay grupos parlamentarios que están mas preocpados de buscar culpabilidades más que de buscar mejoras en los procedmientos de la administración", añade.

   Por su parte, el diputado del PP, Agustín Cuervas-Mons, se ha mostrado satisfecho en que la mayoría de los partidos de la Cámara señalen a Álvarez Areces como uno de los principales

responsables políticos del Caso Marea.

   Por ello, ha pedido la dimisión de Vicente Álvarez Areces como senador del PSOE y ha exigido al presidente del Principado y secretario de la FSA-PSOE, Javier Fernández, que de algún tipo de explicación.

   Por su parte, la diputada de IU, Vázquez ha asegurado que IU acepta a esto "porque nos parece muy importante que esta comisión tenga un dictamen que aclare lo más posible los hechos y ponga los mecanismos para evitarlos, pero dejando muy claro que por parte de IU lo que se reprueba es una acción concreta de los consejeros y demás altos cargos respecto a un asunto concreto, que es lo que da origen al caso Marea".

   La diputada ha puntualizado que no es ni un reproche general ni una reprobación general ni al Gobierno ni a los consejeros ni a funcionarios o trabajadores de la administración. "Entendemos que es posible aceptar la reprobación del Presidente del Ejecutivo en cuanto que es la máxima autoridad de un Gobierno, pero desde ese punto de vista y ese caso. No estaríamos de acuerdo en deslegitimar toda la acción de un Presidente respecto a la globalidad de ese mandato", sostuvo la diputada.