Torres-Dulce, que fue presentado por el consejero permanente del Consejo de Estado Landelino Lavilla durante una intervención a la que asistían, entre otros, el propio ministro de Justicia y el exmarido de la Infanta Elena Jaime de Marichalar, ha insistido en que el Gobierno y el departamento que él presiden han emprendido conjuntamente "un camino sin retorno" con el fin de "disipar estereotipos" relacionados con la autonomía e independencia del Ministerio Público.

   Para Torres-Dulce, que ha reconocido que "vivimos tiempos convulsos",  hay que tener en cuenta que "los cada vez más exigentes ciudadanos para con la Administración de Justicia, sometiendo  a una mayor presión a un sistema judicial ya tenso, y los conflictos cada vez más complejos que invariablemente desembocan en los tribunales, que a veces no son capaces de dar respuestas satisfactorias".

INADMISIBLE PARA LOS CIUDADANOS

   En este contexto, ha subrayado que "claramente se ha instalado entre los ciudadanos la idea de que es inadmisible un Ministerio Fiscal teledirigido desde el Gobierno, ideologizado o al servicio de concepciones políticas determinadas".

   Así, ha manifestado que aceptó el cargo de fiscal general del Estado porque el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, "deseaba un giro radical en la manera de entender dicha figura constitucional".  

  "Esta sintonía con la idea inicial sólo ha sido posible porque el Ministro de Justicia la ha asumido sin reserva alguna y públicamente, lo que agradezco de corazón, así lo ha expresado en varias ocasiones", ha indicado, para añadir que "ello no impide" que en algunos casos sus posturas no hayan coincidido y hayan "discrepado lealmente".

CÓDIGO PROCESAL PENAL

  Sobre el Código Procesal Penal, al igual que hizo con ocasión de su discurso en la Apertura del Año Judicial, Torres-Dulce ha manifestado este martes que "existe una percepción entre la ciudadanía de que hay injerencia de la política en las decisiones de la Justicia".  

  Ha reiterado que no le parece "adecuada" la manera en la que el documento propuesta del grupo de trabajo concibe la función investigadora del fiscal en el nuevo proceso penal.

   "La constante y no justificada tutela del juez de garantías, que tiene su rol absolutamente indiscutible y necesario concluida la fase de investigación, de manera constante mientras el fiscal investiga, así como las muy previsibles interferencias de las partes personadas (...) harán de facto ineficaz tal labor de investigación", ha criticado.