El representante del Ministerio Público ha reclamado que el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid asigne por reparto la investigación a un órgano judicial, si bien deberá excluir del mismo al Juzgado de Instrucción número 9, del que es titular Silva.

 El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Jesús Gavilán, preguntó el pasado diciembre a la Fiscalía si debía abrirse una investigación sobre la filtración de los emails que fueron intervenidos a Blesa a raíz de la instrucción llevada a cabo por Silva sobre el crédito por valor de 26,6 millones de euros concedido al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Para Moix, se trata de correos que fueron "ilícitamente obtenidos, cuya mera difusión, con independencia de que formen o no parte de un procedimiento, podría tener encaje penal".

 IDENTIFICAR A LOS POSIBLES RESPONSABLES

 Por ello, considera procedente abrir un procedimiento en el que se practiquen las actuaciones necesarias para investigar estos hechos, identificar a quienes pudieran ser responsables y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para que cese la posible "actividad ilícita".

En su escrito, el fiscal recuerda que la obtención de la totalidad de los correos incorporados a las diligencias abiertas por el préstamo a Díaz Ferrán fue declarada nula por la Audiencia Provincial de Madrid por vulnerar el derecho de defensa y el derecho a la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones. Añade que esa causa fue archivada provisionalmente por la Audiencia de Madrid. "Es público y notorio que en los últimos días se ha procedido a la publicación y difusión en medios de comunicación de todo tipo, prensa, radio y televisión, de contenidos que se dice corresponden a correos electrónicos incorporados a las diligencias seguidas en el Juzgado de Instrucción número 9 y que, por consiguiente, formarían parte de dicho procedimiento", expone Moix.

 El representante del Ministerio Público añade que también se han difundido diligencias practicadas en el proceso abierto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a Silva por posibles delitos de prevaricación, contra la libertad individual y retardo malicioso en la Administración de Justicia. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid ya confirmó que los correos electrónicos de Blesa no formen parte de la causa por la que Silva se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación y en el que también actúan como acusaciones las defensas de Miguel Blesa y de Díaz Ferrán.