Según explica el fiscal en su escrito de conclusiones, a lo largo de 2005 a 2008, los considerados presuntos cabecillas de la trama Gürtel --Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez-- cuya participación en estos hechos es objeto de otro procedimiento-- "movidos por un interés común y con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de algunos funcionarios públicos y autoridades  con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana, realizaron las gestiones necesarias para hacer llegar a éstos, de forma continuada y en consideración particular a la naturaleza y el rango de sus cargos, determinados regalos para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida, calzado y otras prendas de vestir".   

La Fiscalía expone que estos objetos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación SL, Diseño Asimétrico SL, Good&Better SL, Servimadrid Integral SL y Orange Market SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa y gestionadas por Pablo Crespo, que pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja bien en efectivo o mediante transferencia o entrega de cheques.

   Previamente, según el fiscal, personal de estos establecimientos "contactaba con los interesados y realizaba las mediciones necesarias para calcular sus tallas". Las prendas y demás objetos se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de la sociedad Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez, quien participaba directamente en la administración de esta mercantil.

   Fiscalía Anticorrupción señala que entre los destinatarios de estos regalos figura el presidente de la Generalitat, quien, en atención a su cargo, recibió obsequios por importe de 14.021,5 euros, que desglosa en cuatro momentos.

   Así, según el fiscal, entre finales de 2005 y septiembre de 2006, Camps recibió cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros, adquiridos en Milano Difusión SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por valor de 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; a finales de 2007, cuatro corbatas por valor de 348 del mismo establecimiento y, con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por 2.680 en esta misma tienda.  

  En relación con Rafael Betoret, el fiscal considera que, por su cargo de jefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo --actualmente es jefe de Protocolo de la Diputación--, recibió regalos por importe total de 13.499 euros, en tres partes: en fechas que no se pueden concretar de 2005, dos americanas, tres trajes y un abrigo valorados en 3.549 euros y adquiridos en Milano; en 2006 una americana, tres trajes y un pantalón que asciende a 3.250 euros comprados en el mismo establecimiento y entre finales de 2006 y mediados de 2007, una americana, cinco trajes y un abrigo por 6.700 adquiridos en Forever Young.

   El fiscal sostiene que como diputados de las Cortes Valencianas recibió presentes por 7.325 euros: entre enero y agosto de 2006, tres trajes valorados en 2.400 euros y adquiridos en Milano y entre finales de 2006 y julio de 2007, seis pantalones y un traje, que ascendían a 4.925 euros, comprados en Forever Young.

Por último, respecto a Víctor Campos, apunta en su escrito que como vicepresidente del Consell recibió en varias ocasiones en 2006 al menos dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por importe de 5.529 euros, de la tienda Milano.

EN CONSIDERACIÓN A SU CARGO   

Fiscalía asegura que todos ellos aceptaron estos regalos "en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales, Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris mantenían importantes intereses económicos".  

  Para el fiscal, los hechos narrados son constitutivos de cuatro delitos continuados de cohecho de los que es autor cada uno de ellos (artículo 28 del Código Penal), sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Para Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, el fiscal pide una multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros, mientras que para Campos, la solicitud asciende a una multa de cuatro meses y 20 días con la misma cuota, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

RESPONSABILIDAD CIVIL   

El fiscal también pide la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y que se requiera a los acusados que presten fianza "en cuantía suficiente" para asegurar las responsabilidad pecunarias que procedan.

   Asimismo, reproduce la petición que presentó este mismo mes de suspensión de la tramitación del procedimiento que fue denegada en 2009 y contra la que presentó recurso, hasta que la sala de lo civil y penal del TSJCV resuelva sobre las inhibiciones parciales que acordó el instructor de la causa en el TSJ de Madrid en relación con los delitos electorales y de financiación irregular.

   Según la nota informativa de la Fiscalía, el ministerio público pide una "abundante y exhaustiva" práctica de diligencias consistentes en el interrogatorio de los acusados, la declaración de 22 testigos, una pericial de funcionarios pertenecientes a la Policía, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. En todos estos casos, pide que comparezcan personalmente ante la sala sin poder hacerlo por videoconferencia.

   La prueba documental reúne hasta 75 documentos de distinta naturaleza, bancaria, tributaria, judicial y mercantil y la audición de materia sonoro, entre otras.

   El instructor de la causa dictó el pasado 25 de enero una providencia en la que acordaba dar por practicadas todas las diligencias en relación con este caso y daba un plazo a las partes para presentar su escrito de conclusiones, que empieza por el fiscal, seguirá por el PSPV que ejerce la acusación particular y concluirá con las defensas.