Ahora será la Cámara Federal, en una de sus dos salas, a elegir por sorteo, quien decida si ratifica el fallo de Rafecas o, por el contrario, da curso a la denuncia de Pollicita y mantiene la imputación de Fernández de Kirchner.

   La noticia se conoce el mismo día en que el Gobierno ha publicado en los principales diarios argentinos un anuncio en el que defiende la decisión de Rafecas y acusa a Nisman de buscar "un efecto político desestabilizador".

   La insistencia de Pollicita, que ha sustituido a Nisman como fiscal interino del caso AMIA, pone entre las cuerdas al Gobierno argentino ya que, si la Cámara Federal, respalda la decisión del Ministerio Público Fernández de Kirchner quedaría imputada.

   Su vicepresidente, Amado Boudou, también está inmerso en varias causas judiciales. Por una de ellas, el caso Ciccone, en el que se investiga la compra irregular de una empresa de fabricación de papel moneda, se sentará en el banquillo de los acusados.

LA DENUNCIA DE NISMAN

   El 13 de febrero, Pollicita anunció la imputación de Fernández de Kirchner, su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Elía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

   El fiscal se basó en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

   Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina".

   De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio de un canje de petróleo persa por granos argentinos.

   Pollicita también hizo suyos los cargos de Nisman apuntando a un delito de "encubrimiento", con una pena de entre seis meses y tres años, otro de "impedimento o estorbo del acto funcional", con entre 15 días y seis meses de cárcel, y otro de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", con entre un mes y dos años.

OXÍGENO PARA KIRCHNER

   Sin embargo, el 26 de febrero, Rafecas consideró que no se dan los elementos necesarios para que prospere la denuncia de Pollicita, tumbando así las imputaciones de Fernández de Kirchner y los demás dirigentes oficialistas.

   "No hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado", dijo Rafecas explicando que las evidencias recabadas desmienten "de un modo rotundo y lapidario" la existencia de delitos y "se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado".

   En cuanto al Memorándum de Entendimiento (MOE) con Irán, el juez dijo que solo hubo "una expectativa de gestación", ya que "en unas pocas semanas", la República Islámica "abandonó todo interés en el asunto" y en estos dos años "no hubo avance alguno".

   "¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada --en este caso-- a prófugos de la justicia argentina?", cuestionó Rafecas.