Domingo, 18 de mayo de 2025

Por sus cálculos del IPC y el PIB

El FMI emite una declaración de censura contra Argentina

  El Gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner tiene de plazo hasta el 29 de septiembre para reformar sus procedimientos de cálculo de estadísticas macroeconómicas. Al respecto, el FMI justifica su decisión en la "falta de progresos en la implementación de medidas correctivas para solucionar la calidad de las estadísticas oficiales".

   El Fondo, sin embargo, se ha aprestado a dialogar con el Gobierno para mejorar el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del PIB hasta los estándares internacionales, según aclara en un comunicado. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno argentino, tras el primer toque de atención en septiembre del pasado año, "no han sido suficientes" para el FMI.

   Aunque el plazo límite para acometer las mejoras expira el 29 de septiembre, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, no se reunirá con el Consejo Ejecutivo pasados casi dos meses para informarle de los posibles avances. "Será entonces cuando el Consejo Ejecutivo revisará nuevamente este tema y la respuesta argentina", remata el comunicado.

DISCORDANCIAS

   Este primer paso del FMI viene a raíz de los reiterados intentos del organismo de obtener información macroeconómica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) acorde a los estándares estipulados internacionalmente.

   El procedimiento argentino ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por el FMI y economistas, aunque Fernández de Kirchner ha rehuido todas las críticas.  

  En retrospectiva, las estimaciones de inflación en 2012 rozaban el 11 por ciento, según INDEC, a diferencia del 25,6 por ciento calculado por consultoras privadas bajo petición de la oposición argentina.

   Las consecuencias que podría acarrear una inacción de Buenos Aires sería su suspensión y la declaración de Argentina de país no susceptible de utilizar los fondos del organismo internacional. El siguiente paso sería la "salida obligatoria" de Argentina, si bien el Gobierno contaría con margen de maniobra entre esta fase y la anterior.


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