El Título 42 es una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.

El juez de distrito estadounidense de Luisiana, Robert Summerhays, designado por el expresidente Trump, ha dictaminado este mismo viernes que esta medida debe mantenerse hasta que se resuelva en los tribunales una demanda de 24 estados, encabezados por Arizona, Luisiana y Misuri, tal y como ha recogido 'Politico'.

En la demanda del 3 de abril, presentada después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaran planes para levantar la orden de salud pública, los estados argumentaron que la política debía mantenerse para evitar una "ola de migración ilegal y tráfico de drogas", según el citado medio.

Summerhays ha explicado en el fallo que la Administración ha violado las leyes de procedimiento administrativo y que levantar el Título 42 causaría un "daño irreparable" porque los estados tendrían que gastar dinero en atención médica, aplicación de la ley, educación y otros servicios para los migrantes, tal y como ha informado 'The Texas Tribune'.

"Si bien el fallo judicial de hoy rechaza el fin de las expulsiones del Título 42 por parte del presidente Biden, lo que es un avance positivo, cientos de miles de inmigrantes ilegales permanecen en nuestra frontera sur listos para inundar Texas", ha subrayado Abbott.

El gobernador republicano de este estado ha precisado también, en un comunicado, que las autoridades de Texas "continuarán utilizando todos los recursos y estrategias disponibles para prevenir esta migración ilegal masiva".

Abbot impulsó la construcción de 20 millas (32 kilómetros) de nuevas vallas fronterizas, destinó prisiones estatales para el internamiento de inmigrantes y sufragó autobuses para llevar a los inmigrantes desde Texas a Washington DC.

LA CASA BLANCA "NO ESTÁ DE ACUERDO"

Por su parte, la Administración Biden ha respondido que "no está de acuerdo" con el fallo del tribunal, por lo que la Casa Blanca ha anunciado en un comunicado que el Departamento de Justicia apelará esta decisión.

"La autoridad para establecer la política de salud pública a nivel nacional debe recaer en los Centros para el Control de Enfermedades, no en un solo tribunal de distrito. Sin embargo, de conformidad con la orden judicial, la Administración Biden continuará haciendo cumplir la autoridad de salud pública del Título 42", ha explicado la portavoz, Karine Jean-Pierre.

De esta forma, "los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos estarán sujetos a la expulsión". "El Departamento de Seguridad Nacional continuará planificando el eventual levantamiento del Título 42", ha agregado.

Los expertos de la ONU, que se encargan de vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos en virtud de estos tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, enviaron una carta de denuncia al Gobierno de Estados Unidos con respecto a las expulsiones colectivas de migrantes del país.

En la misiva a las autoridades norteamericanas, expresaron su preocupación por el hecho de que sus recientes actividades de aplicación de la ley de inmigración contra los migrantes haitianos probablemente infringen el Derecho Internacional de los refugiados y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.