El Congreso de Texas sacó finalmente adelante el proyecto de ley hace unas semanas, después de que los demócratas hayan intentado en varias ocasiones retrasar su aprobación por falta de quórum ausentándose de las sesiones de votación.

El texto, entre otras cosas, prohíbe la votación en coche, los colegios electorales provisionales, los centros de votación de 24 horas, como los utilizados en las pasadas presidenciales en el condado de Harris --en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se impuso con el 56 por ciento de los votos--, e incluso acudir a las urnas los domingos antes de las 13.00, hora local.

Texas ha pasado a formar parte de un grupo de estados controlados por el Partido Republicano, como Georgia o Florida, que ha aprobado leyes de este tipo, después de que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump asegurara sin mostrar pruebas que había sido víctima de un fraude electoral en las presidenciales de noviembre.

"Hace que sea más fácil que nunca que alguien vaya a votar. Sin embargo, también asegura que sea más difícil que nunca para la gente hacer trampa en las urnas", ha justificado Abbott durante el acto que se ha celebrado en Austin, la capital del estado, para la firma del texto.

No obstante, los críticos señalan que la ley dificulta sobre todo el acceso al voto para las minorías raciales--en un momento en el que la demografía del estado comienza a cambiar--, o incluso de aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad por, entre otros puntos, prohibir votar sin salir del coche.

El Partido Demócrata ha presentado una demanda en nombre de varias organizaciones civiles del estado al considerar que con ella se viola la Ley de Derechos Electorales, pues está "destinada a imponer una carga particular a las comunidades negras y latinas de Texas, exacerbando la marginación causada por más de un siglo de prácticas discriminatorias".

La norma contempla mayores penas contra las autoridades que ofrezcan aplicaciones para el voto por correo a ciudadanos que no lo hayan solicitado y endurecería las condiciones para la identificación y admitiría únicamente como documentos válidos el carné de conducir y el número de la Seguridad Social.

A su vez permite además anular unas elecciones "si el número de votos ilegales es igual o mayor que el número de votos necesario para cambiar el resultado de las elecciones" sin necesidad de que se demuestre fraude alguno.

Desde la derrota de Donald Trump en las presidenciales de noviembre, al menos 14 estados con mayoría republicana, como Georgia, Florida, y Arizona, han aprobada leyes electorales más restrictivas y ya se han contabilizado en lo que va de año casi 400 proyectos legislativos con los mismos fines.