La norma aprobada por el Gobierno de España, que llega tras el acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias del 27 de julio de 2022, contempla que dicho traspaso de funciones y servicios será efectivo el 1 de enero de 2023, como fue acordado por ambas administraciones.

En virtud a este acuerdo se traspasan a Canarias, en el marco de la legislación establecida por el Estado, las autorizaciones de usos de temporada en las playas y en el mar territorial (zonas de fondeo, pantalanes flotantes y usos análogos); autorizaciones de actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles.

También se traspasa la competencia en autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; las concesiones demaniales a las que se refiere el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, incluidas su gestión, registro, la emisión del informe previo a su rescate, y la potestad sancionadora en lo que se refiere al incumplimiento de las condiciones de otorgamiento de las concesiones demaniales, recoge una nota del Gobierno central.

Asimismo, serán competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias las obras y actuaciones en el litoral canario que no sean de interés general, y la participación en la planificación y programación de obras de interés general en el litoral canario, mediante la emisión de informes y su ejecución y gestión en los términos del convenio suscrito con la Administración General del Estado.

En cambio, continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado la función de emitir informe preceptivo, especialmente en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

La Administración General del Estado se reserva asimismo las funciones de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre y de ejercer la titularidad sobre los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para establecer otros gravámenes.

El Estado seguirá ejerciendo, asimismo, la función de rescate de las concesiones demaniales cuando la presencia de una razón de interés general vinculada a su ámbito de competencias así lo exija.

MÁS DE 800.000 EUROS DE FINANCIACIÓN

En cuanto a las funciones en las que han de concurrir la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, el acuerdo de traspaso prevé medidas de coordinación para el mejor cumplimiento de las funciones de ambas administraciones, particularmente en materia de utilización y gestión del dominio público marítimo-terrestre adscrito para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de su titularidad; emisión de informes de la Administración General del Estado sobre el cumplimiento del régimen general del dominio público marítimo-terrestre en los planes y normas de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico; inversiones en obras de interés general; remisión de datos y sistemas de información.

Igualmente se traspasan, como bienes afectos a las funciones y servicios traspasados, siete vehículos, el edificio sede de Arrecife-Lanzarote de la Demarcación de Costas de Canarias, y el 9,31% y diversas plazas de garaje del inmueble donde se ubica la sede del Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife.

Canarias también se subroga en la posición que ostenta la Administración General del Estado en diversos contratos en curso de ejecución y se traspasan además veinte puestos de trabajo ocupados y vacantes, de los cuales diez están adscritos a la Demarcación de Costas de Canarias, y los otros diez al Servicio Provincial de Costas de Tenerife.

Este acuerdo comporta una financiación en 2022, que corresponde al coste efectivo anual, por importe de 805.368,77 euros, teniendo efectividad a partir del 1 de enero.