El decreto, que se enmarca en el acuerdo social firmado con patronal y sindicatos, entrará en vigor el día después de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según fuentes parlamentarias, el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para que no se tramite como proyecto de Ley y se garantice su inmediata aplicación.

   La primera de estas medidas, el denominado Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, está enfocado a los jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración.  

  El Gobierno prevé que aquellas empresas que contraten a tiempo parcial durante el año posterior a la aprobación del programa y no hayan reducido plantilla en los últimos seis meses verán reducidas sus cuotas a la Seguridad Social. Así pues, estas empresas tendrán que mantener o incrementar el empleo una vez se beneficien de la bonificación.  

  Para ello, la jornada de los contratos deberá ser de entre el 50% y el 75% de la habitual. En el caso de las empresas con plantillas inferiores a los 250 trabajadores, esta reducción de cuotas será del 100%, mientras que para el resto no superará el 75%. Por otro lado, la bonificación será de un año para los contratos indefinidos y de al menos seis meses para los temporales.   

Además, durante el año de vigencia del plan, aquellas empresas que conviertan uno de estos contratos a tiempo parcial temporales a indefinidos podrán beneficiarse de las bonificaciones a la conversión contempladas en la reforma laboral.

AYUDA DE 400 EUROS PARA LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN.

   Por otro lado, el decreto incluye la nueva ayuda de 400 euros hasta un máximo de seis meses, que estará vinculada a la formación y que contará con una dotación de 400 millones de euros, que correrán a cargo del Estado.   

La ayuda beneficiará a unos 80.000 desempleados de media al mes, muchos menos que los 198.000 beneficiarios del PRODI registrado en el último periodo de la ayuda.   

Según se indica en el documento que suscribió el pacto social, serán beneficiarias de este programa las personas que agoten su protección por desempleo a partir del 16 de febrero de 2011 y no cumplan con los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción.  

  A diferencia del PRODI, esta nueva ayuda, denominada Programa de recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo, está concebida más como un acompañamiento económico a acciones de formación propias de las políticas activas, que como una prestación.   

De este modo, el programa obliga a los beneficiarios a realizar un itinerario personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad y la participación en acciones de recualificación y/o reinserción laboral.   

Por último, el acuerdo social también prevé acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación y formación para el empleo, mediante la puesta en marcha de itinerarios individuales y personalizados de empleo a jóvenes, mayores de 45 años en desempleo de larga duración y personas procedentes de la construcción que tengan baja cualificación.