Jueves, 20 de junio de 2024

Bajo la sombra de la huelga

El Gobierno aprueba hoy sus PGE más austeros

Se trata de las terceras cuentas públicas elaboradas en un contexto de fuerte crisis económica y las primeras tras salir de la recesión, aunque el paro sigue instalado en un tasa cercana al 20% y el déficit del Estado supera el 9% del PIB.  

  De hecho, el saldo negativo de las cuentas se ha convertido en la mayor preocupación del Gobierno ante las exigencias de Bruselas, lo que ha llevado al Ejecutivo a incluir en los Presupuestos la segunda subida fiscal que pone en marcha desde que llegara al poder.  

  En esta ocasión, no será el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sino el IRPF el que sufrirá una modificación. Así, el Gobierno ha decidido crear un nuevo tipo para gravar todas las rentas superiores a los 120.000 ó 130.000 euros.

   Aún no se han detallado los cambios de la reforma fiscal y tampoco se ha descartado la posibilidad de que los Presupuestos incluyan cualquier otro aumento fiscal, aunque sí se ha dejado claro que el objetivo no es incrementar la recaudación, sino conseguir un reparto más equitativo de los esfuerzos para superar la crisis.  

  Bajo este escenario, Elena Salgado presentará las segundas cifras presupuestarias que elabora como vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, unas cuentas que estarán marcadas por una caída del gasto no financiero del 7,7%, hasta los 122.256 millones de euros, y por unos ingresos que, en términos de Contabilidad Nacional, se situarán en 104.539 millones de euros.   

Como consecuencia de estas cifras, el Estado ha presupuestado, por tercera vez en ocho años, unas cuentas públicas con déficit, que supondrán un saldo negativo para la Administración Central del 2,3% del PIB en 2011, del 3,3% para las comunidades y del 0,8% para las entidades locales. Estas cifras serán parcialmente compensadas por el superávit de la Seguridad Social, que se situará en el 0,4%.

DÉFICIT PÚBLICO DEL 6%  

  Aún así, el conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades y ayuntamientos) registrará un déficit del 6% del PIB en 2011, cifra que el Gobierno confía en reducir al 4,4% en 2012 y al 3% en 2013.  

  Estos números rojos han obligado al Gobierno a reducir algunas partidas que hasta el momento había considerado prioritarias, como la destinada a las inversiones, que en 2011 rondará los 13.500 millones de euros frente a los alrededor de 19.000 millones de euros previstos para 2010.  

  Además, las partidas ministeriales se verán recortadas entre un 14% y un 15%, volviendo así a los niveles del año 2006, mientras que las destinadas a financiar las prestaciones por desempleo caerá un 1,5%, hasta los 30.140 millones de euros.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA.

   Una vez aprobado el anteproyecto de Ley de los Presupuestos, el texto será remitido previsiblemente el jueves que viene al Congreso de los Diputados, donde deberá pasar el trámite en Comisión y Pleno. Antes, decenas de altos cargos de la Administración comparecerán en la Cámara Baja para explicar las diversas partidas presupuestarias.   

De esta forma, el Gobierno ha retrasado la presentación de las cuentas en el Parlamento para dejar pasar la huelga general convocada por CC.OO. y UGT el miércoles 29 de septiembre, en la que los sindicatos pretenden denunciar el quiebro en el discurso del Gobierno, los recortes para reducir el déficit y la malograda reforma laboral.   

El proyecto enmendado en el Congreso se remitirá posteriormente al Senado, donde el proceso es similar, con debates en Comisión y Pleno. El texto resultante, con nuevas enmiendas si es el caso, será de nuevo enviado al Congreso donde el paquete presupuestario será ya definitivamente aprobado a finales del mes de diciembre.

ACUERDO CON PNV.

   De momento, parece que el Gobierno se ha asegurado la aprobación de las terceras cuentas públicas de la legislatura tras cerrar un acuerdo con el PNV para el traspaso de las políticas activas de empleo por 472 millones de euros que se descontarán del cupo.

   Con el acuerdo, se transfieren a Euskadi las funciones, bienes y personal de las políticas activas de empleo, incluyendo bonificaciones a las cuotas empresariales, la intermediación laboral (antiguo INEM), la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua), la Inspección Laboral y el centro de formación de Bermeo (Vizcaya) dependiente del Instituto Social de la Marina.

   El Gobierno deja así atrás la soledad parlamentaria que le ha acompañado en los últimos meses y que ha llegado a poner en duda la capacidad del Ejecutivo para sacar adelante las cuentas, lo que podría haber desembocado en unas elecciones anticipadas, tal y como ocurriera durante la etapa de Felipe González.


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