El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes un decreto-ley para acelerar la reducción del déficit público con el que pretende ahorrar unos 5.000 millones de euros sustentado en dos medidas principales: la racionalización del gasto farmacéutico y una reforma parcial del Impuesto sobre Sociedades que afectará a las empresas de mayor dimensión.  

  El Ejecutivo quiere convalidar este decreto en el Parlamento cuanto antes, a ser posible la próxima semana, por lo que pedirá la convocatoria urgente de un pleno extraordinario del Congreso. Será el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien defienda estas medidas en la Cámara Baja, donde también hará un repaso de la actual situación económica.

   Zapatero anunció estas medidas el pasado 29 de julio, aunque no entró en mucho detalle y sólo se limitó a señalar que la norma mejorará la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y recortará el gasto en farmacia.  

  Pero la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha ofrecido, al menos, alguna pista de lo que pretende hacer el Gobierno con Sociedades.

La idea es que las empresas de mayor dimensión incrementen los pagos a cuenta de este impuesto, lo que permitiría al Estado ingresar unos 2.500 millones de euros. No se trata, pues, de que las empresas paguen más (el tipo de tributación no se va a tocar), sino de que lo hagan antes.

OBLIGADAS A LOS PAGOS A CUENTA   

 Actualmente, las empresas tienen la obligación de realizar tres pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades durante el ejercicio fiscal y lo hacen en los meses de abril, octubre y diciembre de cada año. Se trata de pagos a cuenta, que se compensan una vez que se liquida el impuesto (esto se hace entre el 1 y el 25 de julio de cada año para las empresas cuyo ejercicio fiscal es el año natural).   

Las empresas tienen dos formas de realizar estos pagos fraccionados: aplicando un porcentaje del 18% sobre la cuota íntegra del último Impuesto de Sociedades declarado o en base a los resultados que están teniendo durante el ejercicio. En este último caso, el porcentaje a pagar es de cinco séptimos del tipo impositivo correspondiente, por lo que con un tipo de tributación del 30%, el porcentaje a aplicar sería del 21%.  

  Las pequeñas empresas pueden optar por cualquiera de los dos métodos, pero las grandes empresas sólo pueden recurrir a la segunda opción.  

  El Gobierno está diciendo que lo que quiere hacer es mejorar la gestión de este tributo, haciendo su recaudación más rápida y eficiente. Esto puede hacerse de dos maneras: subiendo el número de pagos fraccionados que se realizan (ahora son tres) o elevando el porcentaje sobre el cual se calculan los pagos a cuenta.   

 Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), la intención del Ejecutivo es elevar, para las grandes empresas, el porcentaje de sus pagos fraccionados (ahora se sitúa en torno a un 21%). De esta forma, Hacienda obtendría más dinero por anticipado de las empresas de mayor dimensión.   

 La medida no supondría para las empresas una subida de su tributación (al final pagarán lo mismo), pero tendrán que adelantar al Estado más dinero del que actualmente le pagan a cuenta por este impuesto.  

  En principio, el Gobierno está diciendo que esta reforma en el impuesto sólo afectará a las grandes empresas, consideradas como tales aquellas cuya facturación supere los seis millones de euros anuales.

 MEDIDA COYUNTURAL

   En una reciente entrevista con Europa Press, la ministra Salgado ha indicado que el Gobierno quiere que estos cambios en el impuesto se mantengan en vigor durante el periodo de ajuste del déficit, es decir, tres años, hasta 2013.

   "En 2012 el efecto será o neutro o positivo, ya que puede haber un pequeño efecto de arrastre, que lo habrá, por el hecho de que los beneficios también van a crecer", apuntó, para añadir a renglón seguido que, por lo tanto, en el año 2012 la medida "no dificultará el cumplimiento de déficit, sino que más bien lo favorecerá".

    Este cambio que introducirá el Ejecutivo en esta figura tributaria no ha gustado mucho a algunos sectores, especialmente a la patronal CEOE, que considera que anticipar el pago de este impuesto "restaría capacidad financiera a las empresas" y les dificultaría aún más sus esfuerzos por superar los efectos de la crisis en un momento en el que además escasea el crédito.  

  Tanto la vicepresidenta Salgado como el portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, han asegurado que esa opinión de la CEOE no es compartida por todos los grandes empresarios, pues algunos se han mostrado dispuestos a hacer este esfuerzo y a "arrimar el hombro".